-El de Oaxaca es un ejemplo de que a veces la ley no significa justicia.
El pasado 18 de agosto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la ley anti-PET aprobada por el Congreso de Oaxaca en el 2019 y que entraría en vigor el 25 de octubre del 2020.
Los magistrados argumentaron que el congreso local no tenía competencia para establecer prohibiciones a la venta, distribución o empleo de envases y/o embalajes con PET y/o unicel.
La Sala concluyó que le compete a la Federación formular el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, expedir Normas Oficiales Mexicanas que contengan criterios de eficiencia ambiental, establecer las bases para la reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de residuos y especificar qué materiales están prohibidos o son considerados residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
La Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que se aprobó en Oaxaca pretendía reducir hasta en un 70% la emisión de contaminación por PET en el estado, sin embargo las empresas OXXO y PROPIMEX S.A. de C.V., vinculadas a Coca-Cola, la empresa mundialmente reconocida como la principal generadora de desechos plásticos, interpusieron un amparo, con lo cual sentó precedentes contra otra posible ley local en cualquier estado de la república.
Coca-Cola ocupa el primer lugar como empresa contaminante por sus plásticos de un solo uso en por lo menos 39 países. Se calcula que el 10% de los residuos plásticos globales son productos de esta refresquera, produce 200 mil botellas por minuto.Irónicamente, en el 2018, la empresa firmó un acuerdo apara reducir su uso.
A la fecha, México tiene al menos 29 estados que han legislado para prohibir la venta de bolsas plásticas, envases de unicel, y otros productos plásticos desechables.
Para activistas ambientales y políticos de izquierda, la resolución representa un retroceso y antepone los intereses económicos (empresariales) antes los derechos humanos a tener un medio ambiente sano.
Organizaciones y abogados ambientales del país reaccionaron con un comunicado en el cual señalan que “ la SCJN debió ponderar la protección máxima del sistema de interamericano de derechos humanos y negar el amparo. Con esta resolución, coloca a la ciudadanía frente a un gravísimo retroceso en el derecho ambiental mexicano. En el futuro estas empresas, que han sido señaladas internacionalmente como las más contaminadoras, quedarán blindadas ante actos de aplicación futuros de una ley ambiental, lo que significa un mensaje regresivo y en contra de lo que las personas preocupadas por el medio ambiente y la salud, han logrado en las últimas décadas”.
Para contrarrrestar esta pésima noticia para el movimiento ambiental, y en un esfuerzo que se lee más como greenwashig, ‘casualmente’ Coca-Cola FEMSA lanzó 10 días después de esta resolución, un boletín que destaca “su inclusión en el Índice S&P/BMV Total México ESG, una muestra selecta de empresas que destacan por sus principios globales bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza”.
Este índice utiliza una metodología de selección, regulada bajo las calificaciones ESG que se calculan con los resultados del Corporate Sustainability Assessment (CSA), estudio que conduce la empresa financiera Standard & Pool Global.
La Estrategia de Sostenibilidad que guía a ambas empresas, se lee en el comunicado de prensa, busca que, “en beneficio de las comunidades, 20 millones de personas sean beneficiadas a través de los programas de bienestar social. En el rubro ambiental, se trabaja para que el 85% de la energía utilizada en todas las operaciones provenga de fuentes renovables, a la par que se alcanzará el balance neutro de agua”.
Finaliza el documento diciendo que “Coca-Cola FEMSA ha logrado en los últimos años incrementar el uso de energías renovables en sus plantas de manufactura, suministrando el 53% de las necesidades energéticas de sus plantas embotelladoras con fuentes de energía renovable; y en 2021 la embotelladora logró integrar 31% de resina reciclada (rPET) en la producción de sus botellas, acercándose a su meta para el 2030 de integrar el uso de rPET en el 50% de sus botellas. También ha incrementado su eficiencia en el uso del agua en los últimos años dado que en 2021 fue la primera empresa mexicana en colocar un bono vinculado a la sostenibilidad en el mercado mexicano”. Sin duda, un claro ejemplo de greenwashig.
