El gobierno de Chile no suscribirá el Acuerdo de Escazú, promovido por la ONU sobre temas medioambientales.
En un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, señaló que “en opinión del Gobierno y como está planteado el tratado, es inconveniente para Chile, por eso no se ha suscrito y continúa en análisis”. Poco después la titular de Medioambiente, la ministra Carolina Schmidt, comentó que “Chile ya incorpora en su legislación ambiental todos los temas del acuerdo, por lo cual no necesita suscribirlo”.
Esta pésima noticia se da en el contexto de un triunfo ambiental que tardó 14 años en resolverse. El día 17 el Primer Tribunal Ambiental confirmó la clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama a cargo de la minera canadiense Barrick Gold, debido a la magnitud del peligro de daño a la salud y la contaminación a los ríos de la zona. El proyecto pretendía explotar yacimientos de oro, plata y cobre en la región de Atacama, al norte de Chile y en colindancia con Argentina. Además de la cancelación, la empresa tendrá que pagar alrededor de 9 millones de dólares. Esperemos que parte de ese moto se destine a las comunidades indígenas afectadas.
El Acuerdo busca garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y se trata del primer acuerdo multilateral en la región sobre asuntos ambientales. Fue firmado en 2018 por 22 (de 33) países de la región, pero solo lo han ratificado nueve. El plazo limite para su ratificación vence el próximo 26 de septiembre. Se requieren 11 ratificaciones para que entre en vigor. En México, el Senado de la República lo tiene en análisis y esperamos que en los próximos días se ratifique.
