-En el 2020 se contabilizaron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, de éste número la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas asesinadas.
Desde el 2012 la violencia que sufren los defensores ambientales en el país prevalece con una tendencia creciente, así lo señala el Informe la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y dado a conocer en días recientes.
Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas se elevó en comparación con el año anterior.
Durante el 2020, se contabilizaron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este número la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras del patrimonio natural, la tierra y el territorio, asesinadas. En 2019 se documentaron 15 asesinatos y en 2020 esta cifra llegó a 18.
Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. El mapa muestra los ataques registrados solo en el 2020.
Previo al homicidio, las personas defensoras fueron víctimas de otras agresiones como amenazas o desaparición. La segunda agresión, con un total de 16 casos es la amenaza. Otras agresiones documentadas incluyen la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las agresiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, el allanamiento, la difamación y la estigmatización.
Cabe señalar, que estas cifras son aproximadas. El informe indica que en el contexto de violencia, miedo y discriminación que padecen muchos activistas, o bien, no se registran debidamente sus casos o bien, no lo denuncian sus víctimas.
Los estados donde se registró un aumento de ataques a los ambientalistas fueron: Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
¿Quiénes son los agresores?
En 26 de las agresiones (40% de los casos) se conoce que el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado. En menor medida, se identificó como agresores a miembros de las comunidades donde habitan las personas defensoras (6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del total); así como a caciques y grupos paramilitares (3.1%), respectivamente.
Los sectores que más agresiones registran son el forestal (tala clandestina) y el de obras por vías de comunicación (Tren Maya, carretera en San Francisco Xochicuautla en el Estado de México; Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y construcciones de carreteras en diferentes estados).
A lo anterior hay que agregar que la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 ocasionó que el Estado mexicano suspendiera todos los procedimientos administrativos en materia ambiental, así como los plazos para tramitar juicios calificados como no esenciales. En cambio, no fueron suspendidas actividades económicas extractivas, como la minería y los megaproyectos, ni tampoco las obras de construcción de infraestructura ferroviaria, aeropuertos y refinerías petroleras.
El Acuerdo de Escazú
El 22 de enero de este año fue un día histórico en América Latina y el Caribe, porque México ratificó el Acuerdo de Escazú (Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales), sumando así los 11 países requeridos para que el tratado entrara en vigor en la región. Será el 22 de este mes cuando por fin entre en vigor dicho acuerdo en la región, con la esperanza de ser una herramienta más de protección para las y los defensores ambientales.
En Europa desde 1998 existe el Convenio de Aarhus, un tratado similar llamado así por firmarse en la ciudad danesa de Aarhus. Fue ratificado por más de 40 estados. Ambos acuerdos, el de Escazú y Aahurs, se estructuran alrededor del Principio 10 de Río: asegurar que toda persona tenga acceso a la información ambiental, que participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.
