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  • Foto del escritorEdith González

UNAM vs. Centro Agroecológico

El caso de María Vargas Hernández, acusada de despojo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de ser inexplicable y exagerado, es una clara muestra de que la justicia en el país funciona para hostigar, amedrentar y criminalizar a las mujeres en lugar de protegerlas.


“Desde que me notificaron, hace un mes, he vivido en la incertidumbre, la angustia, el cansancio de llevar este proceso, y no solo yo, también mi familia y las personas cercanas a Tlacuache Fantasía, las madres de familia, los niños que participan en este proyecto. He tenido que poner en pausa mis proyectos personales para dirigirme hacia una defensa que considero que no tendría que estar haciendo. Sin embargo, hemos generado mecanismos de afrontamiento y uno de esos ha sido la solidaridad”, relata María, psicóloga social por la Universidad Autónoma de México (UAM).

Las irregularidades en el caso de María son evidentes: se le señala de ser dueña, administradora o representante legal del lugar, cosa que no es, ni lo ha sido nunca; el caso no presenta características de despojo, como violencia, desalojos o engaños; se le notificó vía electrónica al correo del Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía -donde dejó de trabajar desde abril de este año-, y no a su cuenta personal y se le impide consultar la carpeta de investigación, negando con esto la libertad para preparar su defensa.



Sus abogados han señalado que el proceso ha sido «extraño» máxime porque este tipo de delitos prescriben al año, misma opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entidad en la cual ya ingresó una queja por violación a sus derechos humanos. Personal de la CNDH, le comentó que la forma legal que tomaron las autoridades de la máxima casa de estudios es inexplicable, ya que por lo regular en casos así, primero se inicia un proceso de conciliación; sin embargo, la universidad optó por la vía penal, por ello analizarán si la medida penal fue desmedida.


Sin aviso, ni contacto previo por parte de representantes de la UNAM, el 2 de octubre María recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por una demanda por despojo, con cita para la primera audiencia el día de ayer, 7 de noviembre, momento hasta el cual pudo conocer su carpeta de investigación.


En la misma, se enteró que su nombre se vinculó a dicho proceso por una investigación realizada por la FGR en las redes sociales del centro ecológico, donde aparecían publicaciones y comentarios de María. A pesar de tener más de seis meses de no trabajar ahí, la Fiscalía, a partir de presunciones, le imputó el delito.

De manera preventiva, ya se incorporó al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, acreditando que su situación jurídica está vinculada a su labor como defensora de derechos ambientales, culturales y derechos de niñas, niños y adolescentes.


A la fecha, María no entiende de dónde nace la demanda que le impuso la máxima casa de estudios, ni porqué las autoridades universitarias querrían eliminar un espacio que desde hace 10 años ha brindado actividades socioambientales y culturales con probados beneficios sociales, ambientales, educativos en una zona vulnerable.


«Desconozco la razón, puede ser por la recuperación del espacio o la regulación del tipo de actividades que ahí se hacen, que todas son sin fines de lucro, es un espacio comunitario de educación ambiental. Incluso, la Fiscalía tiene duda si el centro forma parte de un proyecto estudiantil, porque en la carpeta de investigación todo indica que así es», comentó en entrevista con Ecosmedia.

Recuerda que fue el 30 de enero, cuando diversas autoridades de la alcaldía Coyoacán, del Gobierno de la Ciudad de México y de Protección Civil, realizaron una visita a la zona de perimetral del centro agroecológico, ingresaron al centro y no hubo mayor problema.


A la cita no asistió nadie de la UNAM, pese a haber indicado su participación. Al final de dicha reunión, se levantó una minuta donde las únicas observaciones fueron en materia de protección civil, porque se tiene una cocina vernácula (fogón) y mantener abierta la interlocución. Luego no sucedió nada más, hasta el 2 de octubre, cuando llegó la demanda.


Recuerda que fue el 30 de enero, cuando diversas autoridades de la alcaldía Coyoacán, del Gobierno de la Ciudad de México y de Protección Civil, realizaron una visita a la zona de perimetral del centro agroecológico, ingresaron al centro y no hubo mayor problema.

A la cita no asistió nadie de la UNAM, pese a haber indicado su participación. Al final de dicha reunión, se levantó una minuta donde las únicas observaciones fueron en materia de protección civil, porque se tiene una cocina vernácula (fogón) y mantener abierta la interlocución. Luego no sucedió nada más, hasta el 2 de octubre, cuando llegó la demanda.


Los hechos


María Vargas Hernández trabajó del 2020 a abril del 2023 en el Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía, un espacio autogestivo dedicado a promover la cultura ambiental instalado, desde hace 10 años, en un terreno abandonado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad, el terreno es propiedad de la UNAM.


María y otros integrantes del centro agroecológico colaboran ahí desarrollando talleres de agricultura urbana, educación ambiental, recreación del patrimonio biocultural y estrategias lúdico-didácticas para la población local, que son vecinos de la colonia Santo Domingo, la comunidad universitaria e hijas e hijos de los comerciantes de la zona. Lo que antes era un espacio abandonado, residual e inseguro, con los años se transformó en un espacio para la cultura y la educación ambiental.


La acusación contra María es equivocada, ella no ostenta ninguno de los cargos que se le imputan (dueña, administradora o representante legal), de hecho, para cuando llegó la notificación, ya ni siquiera trabajaba en ese centro. Al ser un espacio autogestivo, no está legalmente constituido, ni tiene dueño, ni representantes, es colectivo, comunitario.


¿Porqué se criminaliza la apropiación del territorio para fines de bien común?


El Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía tiene 10 años funcionando como un proyecto autogestivo con impacto socioambiental comprobable entre la comunidad local, flotante y universitaria.


En el último año han realizado más de 25 actividades con la participación de al menos 350 personas, con rangos edades de 2 hasta los 79 años. Se han vinculado con autoridades locales, como la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), con vecinos de la zona de Los Pedregales de Santo Domingo, con estudiantes y profesores de Ciudad Universitaria, con trabajadores de la zona y con organizaciones vecinales y huertos comunitarios de la Ciudad de México, así como con agricultores de la zona chinampera de Tláhuac.


Al ser un espacio agroecológico, el centro ha desarrollado toda una estrategia de educación ambiental que incluye el cultivo de alimentos y el aprovechamiento de los residuos orgánicos que se generan en el paradero de autobuses (de los puestos de jugos y de frutas), de forma que todo ello sirva como una escuela activa de aprendizaje ambiental y del ciclo de la vida.


Sin embargo, a raíz de esta demanda la población cercana al centro ha sido afectada psicosocial y emocionalmente.


“Se está generando cierta estigmatización con impactos negativos en ciertas personas que antes se vinculaban con el centro y que ahora tienen temor por la criminalización que se está haciendo, además del miedo que genera en las personas participar en el proyecto”, observó la psicóloga.

Por el momento, la primera comparecencia de María sirvió para que conociera su carpeta de investigación. La siguiente audiencia será el 22 noviembre, al otro lado de la ciudad, en un juzgado cercano al Reclusorio Norte. El proceso jurídico se extenderá, con su consecuente desgaste económico, emocional, físico y organizativo; por ello, mientras su abogado prepara la estrategia jurídica, ella, junto con los integrantes del centro agroecológico y conocidos, se dedicarán a buscar los fondos necesarios para llevar su proceso En adelante lo que pide la defensa es que se garantice el debido proceso, así como una investigación pronta e imparcial respetando los derechos humanos de la imputada.


La siguiente audiencia de María Vargas Hernández será el 22 noviembre, al otro lado de la ciudad, en un juzgado cercano al Reclusorio Norte. Mientras su abogado prepara la estrategia jurídica, ella, junto con los integrantes del centro agroecológico y conocidos, se dedicarán a buscar los fondos necesarios para llevar su proceso.



¿Quién es María Vargas Hernández?

María es defensora de derechos ambientales, culturales y educativos, maestra comunitaria, universitaria de posgrado y activista en favor del bien común. Desde el 2006 se dedica a la gestión cultural independiente y al desarrollo de proyectos comunitarios que fortalezcan el tejido social de las comunidades. Llegó al Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía a raíz de la pandemia, pero desde abril de este año lo dejó para dedicarse a sus proyectos personales que también son comunitarios, como un proyecto audiovisual acerca de las tradiciones de su comunidad que se presentará en un foro en Michoacán, de UNAM.


Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de México (UAM) con posgrado en políticas culturales de base comunitaria en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con especialidad en trabajo Social por la UNAM, egresada de la maestría en Recreación Comunal de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) y estudiante de la maestría en Ciencias Antropológicas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).


Para apoyar su defensa, está recabando firmas en la siguiente liga:



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