El caso de María Vargas Hernández, acusada de despojo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de ser inexplicable y exagerado, es una clara muestra de que la justicia en el país funciona para hostigar, amedrentar y criminalizar a las mujeres en lugar de protegerlas.

Las irregularidades en el caso de María son evidentes: se le señala de ser dueña, administradora o representante legal del lugar, cosa que no es, ni lo ha sido nunca; el caso no presenta características de despojo, como violencia, desalojos o engaños; se le notificó vía electrónica al correo del Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía -donde dejó de trabajar desde abril de este año-, y no a su cuenta personal y se le impide consultar la carpeta de investigación, negando con esto la libertad para preparar su defensa.

Sus abogados han señalado que el proceso ha sido «extraño» máxime porque este tipo de delitos prescriben al año, misma opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entidad en la cual ya ingresó una queja por violación a sus derechos humanos. Personal de la CNDH, le comentó que la forma legal que tomaron las autoridades de la máxima casa de estudios es inexplicable, ya que por lo regular en casos así, primero se inicia un proceso de conciliación; sin embargo, la universidad optó por la vía penal, por ello analizarán si la medida penal fue desmedida.

Sin aviso, ni contacto previo por parte de representantes de la UNAM, el 2 de octubre María recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por una demanda por despojo, con cita para la primera audiencia el día de ayer, 7 de noviembre, momento hasta el cual pudo conocer su carpeta de investigación.

En la misma, se enteró que su nombre se vinculó a dicho proceso por una investigación realizada por la FGR en las redes sociales del centro ecológico, donde aparecían publicaciones y comentarios de María. A pesar de tener más de seis meses de no trabajar ahí, la Fiscalía, a partir de presunciones, le imputó el delito.

De manera preventiva, ya se incorporó al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, acreditando que su situación jurídica está vinculada a su labor como defensora de derechos ambientales, culturales y derechos de niñas, niños y adolescentes.

A la fecha, María no entiende de dónde nace la demanda que le impuso la máxima casa de estudios, ni porqué las autoridades universitarias querrían eliminar un espacio que desde hace 10 años ha brindado actividades socioambientales y culturales con probados beneficios sociales, ambientales, educativos en una zona vulnerable.

Recuerda que fue el 30 de enero, cuando diversas autoridades de la alcaldía Coyoacán, del Gobierno de la Ciudad de México y de Protección Civil, realizaron una visita a la zona de perimetral del centro agroecológico, ingresaron al centro y no hubo mayor problema.

A la cita no asistió nadie de la UNAM, pese a haber indicado su participación. Al final de dicha reunión, se levantó una minuta donde las únicas observaciones fueron en materia de protección civil, porque se tiene una cocina vernácula (fogón) y mantener abierta la interlocución. Luego no sucedió nada más, hasta el 2 de octubre, cuando llegó la demanda.

Recuerda que fue el 30 de enero, cuando diversas autoridades de la alcaldía Coyoacán, del Gobierno de la Ciudad de México y de Protección Civil, realizaron una visita a la zona de perimetral del centro agroecológico, ingresaron al centro y no hubo mayor problema.

A la cita no asistió nadie de la UNAM, pese a haber indicado su participación. Al final de dicha reunión, se levantó una minuta donde las únicas observaciones fueron en materia de protección civil, porque se tiene una cocina vernácula (fogón) y mantener abierta la interlocución. Luego no sucedió nada más, hasta el 2 de octubre, cuando llegó la demanda.

Los hechos

María Vargas Hernández trabajó del 2020 a abril del 2023 en el Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía, un espacio autogestivo dedicado a promover la cultura ambiental instalado, desde hace 10 años, en un terreno abandonado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad, el terreno es propiedad de la UNAM.

María y otros integrantes del centro agroecológico colaboran ahí desarrollando talleres de agricultura urbana, educación ambiental, recreación del patrimonio biocultural y estrategias lúdico-didácticas para la población local, que son vecinos de la colonia Santo Domingo, la comunidad universitaria e hijas e hijos de los comerciantes de la zona. Lo que antes era un espacio abandonado, residual e inseguro, con los años se transformó en un espacio para la cultura y la educación ambiental.

La acusación contra María es equivocada, ella no ostenta ninguno de los cargos que se le imputan (dueña, administradora o representante legal), de hecho, para cuando llegó la notificación, ya ni siquiera trabajaba en ese centro. Al ser un espacio autogestivo, no está legalmente constituido, ni tiene dueño, ni representantes, es colectivo, comunitario.

¿Porqué se criminaliza la apropiación del territorio para fines de bien común?

El Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía tiene 10 años funcionando como un proyecto autogestivo con impacto socioambiental comprobable entre la comunidad local, flotante y universitaria.

En el último año han realizado más de 25 actividades con la participación de al menos 350 personas, con rangos edades de 2 hasta los 79 años. Se han vinculado con autoridades locales, como la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), con vecinos de la zona de Los Pedregales de Santo Domingo, con estudiantes y profesores de Ciudad Universitaria, con trabajadores de la zona y con organizaciones vecinales y huertos comunitarios de la Ciudad de México, así como con agricultores de la zona chinampera de Tláhuac.

Al ser un espacio agroecológico, el centro ha desarrollado toda una estrategia de educación ambiental que incluye el cultivo de alimentos y el aprovechamiento de los residuos orgánicos que se generan en el paradero de autobuses (de los puestos de jugos y de frutas), de forma que todo ello sirva como una escuela activa de aprendizaje ambiental y del ciclo de la vida.

Sin embargo, a raíz de esta demanda la población cercana al centro ha sido afectada psicosocial y emocionalmente.

Por el momento, la primera comparecencia de María sirvió para que conociera su carpeta de investigación. La siguiente audiencia será el 22 noviembre, al otro lado de la ciudad, en un juzgado cercano al Reclusorio Norte. El proceso jurídico se extenderá, con su consecuente desgaste económico, emocional, físico y organizativo; por ello, mientras su abogado prepara la estrategia jurídica, ella, junto con los integrantes del centro agroecológico y conocidos, se dedicarán a buscar los fondos necesarios para llevar su proceso En adelante lo que pide la defensa es que se garantice el debido proceso, así como una investigación pronta e imparcial respetando los derechos humanos de la imputada.

La siguiente audiencia de María Vargas Hernández será el 22 noviembre, al otro lado de la ciudad, en un juzgado cercano al Reclusorio Norte. Mientras su abogado prepara la estrategia jurídica, ella, junto con los integrantes del centro agroecológico y conocidos, se dedicarán a buscar los fondos necesarios para llevar su proceso.

¿Quién es María Vargas Hernández?

María es defensora de derechos ambientales, culturales y educativos, maestra comunitaria, universitaria de posgrado y activista en favor del bien común. Desde el 2006 se dedica a la gestión cultural independiente y al desarrollo de proyectos comunitarios que fortalezcan el tejido social de las comunidades. Llegó al Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía a raíz de la pandemia, pero desde abril de este año lo dejó para dedicarse a sus proyectos personales que también son comunitarios, como un proyecto audiovisual acerca de las tradiciones de su comunidad que se presentará en un foro en Michoacán, de UNAM.

Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de México (UAM) con posgrado en políticas culturales de base comunitaria en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con especialidad en trabajo Social por la UNAM, egresada de la maestría en Recreación Comunal de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) y estudiante de la maestría en Ciencias Antropológicas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Para apoyar su defensa, está recabando firmas en la siguiente liga:

https://docs.google.com/…/1dUWXWv-kRwKMoAlP4Bgb7…/edit

Los patógenos ancestrales que escapan del permafrost que se derrite tienen un potencial real para dañar las comunidades microbianas y podrían amenazar la salud humana, alerta un nuevo estudio de Giovanni Strona, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, y sus colegas, publicado en la revista de acceso abierto PLOS Computational Biology.

Aunque el deshielo de los glaciares y el permafrost está dando a muchos tipos de microbios latentes la oportunidad de resurgir, las amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente que plantean estos microbios han sido difíciles de estimar.

Riesgos ecológicos

En un nuevo estudio, el equipo de Strona cuantificó los riesgos ecológicos que plantean estos microbios mediante simulaciones por ordenador. La comunidad científica realizó experimentos de evolución artificial en los que patógenos digitales similares a virus del pasado invadían comunidades de huéspedes similares a bacterias. Compararon los efectos de los patógenos invasores en la diversidad de bacterias hospedadoras con la diversidad en comunidades de control en las que no se producía invasión.

El equipo descubrió que, en sus simulaciones, los antiguos patógenos invasores a menudo podían sobrevivir y evolucionar en la comunidad moderna, y alrededor del 3% se convirtieron en dominantes. Aunque la mayoría de los invasores dominantes apenas influyeron en la composición de la comunidad, alrededor del 1% de los invasores produjeron resultados impredecibles. Algunos provocaron la muerte de hasta un tercio de las especies hospedadoras, mientras que otros aumentaron la diversidad hasta un 12% en comparación con las simulaciones de control.

Los riesgos que plantea este 1% de patógenos liberados pueden parecer pequeños, pero dado el gran número de microbios antiguos que se liberan regularmente en las comunidades modernas, los brotes siguen representando un peligro considerable.

Los nuevos resultados sugieren que los riesgos que plantean los patógenos que "viajan en el tiempo" podrían de hecho ser poderosos impulsores del cambio ecológico y amenazas para la salud humana.

-Se reciclan insumos pesqueros de la Patagonia, como redes, cajones, sogas y boyas.

Es el primer proyecto de bonos de plástico de Latinoamérica y al frente se encuentra la empresa Cabelma, encargada de limpiar, triturar y tratar los residuos para incorporarlos en procesos de extrusión para la producción de distintos productos. La empresa ya recolectó y recicló más de 100 toneladas de plástico.

La primera compra de bonos de plástico de la Argentina se realizó por US$790 la tonelada.

Cabelma aprobó la auditoría de PCX que exige el cumplimiento de los estándares internacionales PPRS y, de esta forma, recibió la acreditación de la organización para emitir bonos de plástico, los cuales se ofrecen mediante la página web de PCX Markets o a través de la Fundación Banco de Plásticos.

La Fundación Banco de Plásticos es una organización multisectorial que nace con el propósito de promover el reciclado de este material.

Con su enfoque basado en bonos de plástico, proporciona una solución para financiar su reciclado, impulsar la economía circular y fomentar la responsabilidad ambiental de las empresas.

"Para entender cómo nacen los bonos de plástico, primero es necesario entender por qué motivo no se recicla más que el 13% de los plásticos en Argentina. No es por una cuestión técnica, de abastecimiento u otro motivo. Es por una cuestión económica. Es decir, los costos de reciclar ciertos plásticos son tan altos que no se terminan reciclando", explicó el director de Cabelma, Francis Van Lierde.

"Entonces, para poder solucionar esto, se desarrollan los bonos de plástico como herramienta para que los recicladores puedan cobrar un plus para poder sustentar sus costos y de esta manera, recicla más", y añadió que "por el otro lado, las empresas que compran los bonos pueden adjudicarse la responsabilidad por la cual se recolectan y se reciclan esos plásticos", señaló el empresario ambiental.

Por su parte, el presidente de la Fundación Banco de Plásticos, Carlos Briones, destacó que "los bonos de plástico son una herramienta ambiental, que certifican que el titular ha sido responsable por la recolección y el reciclado del equivalente a una tonelada de desecho plástico".

"Es una solución sencilla, transparente y escalable para abordar la problemática de los plásticos. Esto logra promover la industria de recolección, transporte y reciclado de plásticos", remarcó Briones, quien puntualizó que "en Argentina, Borneo Readers es pionera en adquirir bonos de plásticos".

"Nos enteramos de que la Fundación ofrecía bonos de plástico y nosotros nunca habíamos escuchado nada al respecto. Tuvimos una reunión con ellos donde nos explicaron cómo funcionaba y nos pareció una excelente manera de mostrar el compromiso que tenemos en Borneo con el medio ambiente", subrayó el gerente general de la empresa, Iván Shemi.

Explicó que la compañía decidió "avanzar con la compensación de nuestra huella de plástico por dos motivos", y precisó que "primero, porque es una herramienta totalmente novedosa a nivel internacional, y que cada vez va a cobrar mayor relevancia, y como empresa estamos obligados a estar a la vanguardia".

"Segundo, creemos que nuestros clientes aprecian este tipo de iniciativas sustentables y compensar nuestra huella de plástico es una forma de generar fidelidad con nuestra comunidad", afirmó Shemi.

Borneo es una empresa ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, que diseña, fabrica y comercializa anteojos.

El Banco de Plásticos se inspiró en el concepto de los bonos de carbono y lo aplicó a la problemática del plástico.

Este enfoque permite a las empresas compensar su huella de plástico al adquirir bonos que certifican su responsabilidad en la recolección y el reciclado de este material.

Respecto al marco internacional, PCX es una organización que asesora a empresas sobre cómo trazar y ejecutar soluciones de manera efectiva durante el desafío de sostenibilidad de un socio, y es pionera en el mundo en establecer un Estándar de Reducción de la Contaminación Plástica (PPRS, por sus siglas en inglés), un protocolo para la emisión de bonos de plástico.

Asimismo, PCX en alianza con el socio comercial PCX Markets desarrollaron una plataforma que vincula a cooperativas, emprendedores y empresas que reciclan plásticos con compañías o marcas que buscan compensar su huella de plástico.

Es decir, empresas que usan plástico virgen en sus envases, packaging o productos pueden certificar ser plástico neutro compensando el plástico que introducen al mercado mediante el reciclaje por sus propios medios o, como ofrece la Fundación Banco de Plásticos, mediante la adquisición de bonos.

¿ CÓMO ES EL PROCESO PARA EMITIR BONOS DE PLÁSTICO ?

El director de Cabelma, Francis Van Lierde, explicó que "para poder emitir los bonos de plástico, un reciclador se debe poner en contacto con la fundación Banco de Plásticos que lo acompaña a lo largo de todo el proceso". Para ello, el reciclador debe aprobar una auditoría que la realiza un tercero competente.

En esta auditoría, indicó Van Lierde, "se verifican que se cumpla con todos los requerimientos establecidos en el protocolo internacional en el cual nos basamos en el Banco de Plásticos, que es el protocolo PPRS de PCX (Plastic Credit Exchange)". "Una vez que los bonos de plástico son adquiridos por una empresa, el Banco de Plásticos cobra una comisión que permite solventar su trabajo y el resto es propiedad del reciclador. Esos fondos son destinados a que pueda solventar los costos de su reciclaje y al mismo tiempo sirva de incentivo para que pueda reciclar más cantidad", señaló el ejecutivo a Télam. Asimismo, destacó que "comprar los bonos de plástico es realmente sencillo", y precisó que "se ofrecen en una plataforma abierta y en línea donde cualquier empresa de cualquier parte del mundo puede acceder a un menú de proyectos de reciclado de plásticos". Van Lierde remarcó que "este es un mercado voluntario y transparente, en el cual los precios están definidos por oferta y demanda".

Fuente: Diario Mendoza

-Los países responsables del calentamiento global compensan con centavos sus emisiones

Las periodistas Michelle Soto, editora de Ojo al Clima y Hassel Fallas de La Data Cuenta, se dieron a la tarea de comprender cómo funciona la arquitectura financiera imperante en el tema climático para así evidenciar desigualdades y desafíos de cara a procesos de negociaciones internacionales como la COP28.

Entre sus resultados destaca que el mecanismo financiero obliga a las naciones con alta desigualdad económica y social, como las de América Latina y el Caribe, a recurrir a préstamos con altos intereses para pagar por las consecuencias del calentamiento global, del que, abrumadoramente, han sido responsables sus propios acreedores.

En consecuencia, la región se ve atrapada en una dependencia excesiva de créditos climáticos, lo que también fomenta la sumisión a los combustibles fósiles y la explotación de recursos naturales, como los minerales críticos. Lo anterior menoscaba la transición hacia energías renovables con modelos económicos más sostenibles y respetuosos de los derechos humanos y el medio ambiente.

Compensan con centavos sus emisiones

Siete países son los responsables del 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se han acumulado en la atmósfera en el último siglo (1910-2021). Sin embargo, su aporte a fondos multilaterales para ayudar a naciones en desarrollo en su acción climática ha sido, en conjunto, de menos de un cuarto de dólar por tonelada de carbono emitida.

En los últimos 22 años, los siete mayores emisores aportaron US$235.000 millones a fondos multilaterales así como al Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. Tomando en cuenta las emisiones liberadas a la atmósfera en ese mismo periodo de tiempo (poco más de un billón de toneladas), estos países aportaron tan sólo US$0,23 por tonelada métrica.

Los siete países que más carbono han emitido en el último siglo, ordenados de mayor a menor, son: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Japón, Reino Unido e India.

Otros 54 países, la mayoría desarrollados, hicieron aportes por el orden de US$174.000 millones, lo que vendría a ser US$0,31 por tonelada métrica de carbono.

Los montos aportados por la totalidad de países a los fondos multilaterales y de la OCDE incluyen tanto donaciones como préstamos.

Mitad de países del mundo endeudados

En las últimas dos décadas, en el mundo se han hecho cuantiosas inversiones que superan los US $653.000 millones para lidiar con el cambio climático, monto que incluye tanto las donaciones como los préstamos. Sin embargo, la forma de distribuir estos fondos no ha sido equitativa y ha puesto a más de la mitad de los países del mundo contra las cuerdas, enfrentando un altísimo nivel de endeudamiento.

De los US $653.000 millones, más de US $405.000 millones, es decir, el 62% del total, se han otorgado en forma de créditos por parte de bancos multilaterales y países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Entre tanto, el monto en forma de subvención es equivalente US $206.000 millones o 32% del total.

En otras palabras, por cada US $10 destinados a la acción climática, US $6 llegan en forma de préstamo, lo que supone el doble de lo concedido por países desarrollados en donaciones.

Los hallazgos evidencian que 75 de 150 naciones han acumulado deudas que representan entre el 51% y el 100% de la totalidad de los recursos con que hacen frente al cambio climático. Estas naciones altamente endeudadas han tenido o tienen acreedores por más de US $367.000 millones en los últimos veinte años, una cifra equivalente al 91% de la deuda climática global de US $405.000 millones.

Entre las 75 naciones con más pasivos del mundo, se destacan 24 países de América Latina (US $65.000 millones), 23 de Asia (US $208.000 millones), 17 de África (US $56.000) y 11 de Europa (US $38.000 millones).

América Latina: ahogada en deudas

En América Latina, las deudas de 24 de sus 34 naciones oscilan entre el 55% y el 100% de los fondos con que financian las acciones para paliar el cambio climático.

En ese grupo, Nicaragua tiene la dependencia más baja de empréstitos. Entre tanto, países como República Dominicana, Chile, Costa Rica, Panamá, Argentina, México, Venezuela y Uruguay tienen a su haber deudas que superan el 90% de los fondos que adquieren para acción climática.

El endeudamiento está restando capacidad de maniobra a los países del Sur Global para financiar sus compromisos ante el Acuerdo de París, dado que deben destinar recursos al pago de los intereses derivados de los préstamos, esto en una coyuntura post pandemia.

Las naciones latinoamericanas se han visto obligadas a recurrir a créditos porque no califican para ser receptoras de subvenciones, esto dado que son países de renta media, es decir, tienen un ingreso nacional bruto per cápita de entre US $1.026 y US $12.375 millones.

Al revisar la clasificación de la OCDE por nivel de ingresos de los países, la mayoría de las naciones altamente endeudadas son de ingresos medios (64 de 75). En este grupo están la mayoría de los países latinoamericanos endeudados (21 de 24).

Un análisis de ActionAid reveló que el 93% de los países más vulnerables al cambio climático se encuentra ya en situación de endeudamiento o corre un riesgo significativo de estarlo. En tanto, el 60% de los países más vulnerables probablemente recortará el gasto en servicios públicos, incluida la inversión en acción por el clima, para poder seguir pagando sus deudas.

¿Quiénes son los prestamistas?

A nivel mundial, los principales acreedores son los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y los bancos multilaterales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) así como la Asociación Internacional de Fomento (AIF) -ambos pertenecen al Grupo Banco Mundial-, también está el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.

En cuanto a los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, los principales prestamistas son Japón, Alemania y Francia (tres de los países que más emisiones de dióxido de carbono han lanzado a la atmósfera en el último siglo).

De hecho, en este Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que presta dinero para la acción climática, se encuentran los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta. Estas naciones responsables del calentamiento global compensan con centavos sus emisiones, impactando primordialmente a los países menos responsables del calentamiento global, pero más vulnerables.

En cuanto a América Latina, los bancos que más créditos han otorgado a la región son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el BIRF. También estos bancos están reinventándose para ajustarse a las actuales necesidades de los países.

Urge una transformación financiera

En el Informe sobre la brecha de emisiones 2022, el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) ya había alertado sobre la necesidad de “una transformación del sistema financiero y de sus estructuras y procesos, en la que participen gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversores institucionales y otros agentes financieros”. El informe indica seis medidas de reforma que deberán ejecutarse de manera simultánea.

El especial “Finanzas climáticas: ¡Muéstrame el dinero!” consta de siete reportajes. Puedes consultarlos aquí https://ladatacuenta.com/2023/06/20/finanzas-climaticas/

No es ningún secreto que la industria química tiene una influencia indebida sobre los procesos regulatorios en los Estados. Unidos. Las corporaciones ejercen un poder increíble en los procesos de las agencias para crear las pautas que se supone deben proteger la salud de nuestras comunidades y el medio ambiente.

*Pesticide Action Network North America

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) no es una excepción. Al revisar los impactos en la salud y el medio ambiente de los productos plaguicidas, la EPA a menudo se basa en estudios financiados por la industria, y esta ciencia corporativa rara vez está disponible para su revisión pública. Además, las empresas químicas suelen formar parte de paneles y comités que “asesoran” a los reguladores.

Una de las estrategias más efectivas que usan los Grandes del Agronegocio para influir en los reguladores puede ser la "puerta giratoria", en la que ex ejecutivos, abogados y científicos de la industria agroquímica sirven en las agencias gubernamentales encargadas de supervisar sus industrias, y viceversa.

Los exempleados de la EPA utilizan su conocimiento profundo de los procesos regulatorios para ayudar a las industrias a lidiar con ellos. ¿Qué tan profundo es este problema?

La cultura de la Agencia

Se podría pensar que un ex empleado de la EPA gravitaría hacia un trabajo que continuara en la conservación, pero la norma es lo contrario: dejar el servicio público por una carrera lucrativa en las industrias extractivas es prácticamente una tradición en la agencia.

Según un análisis de The Intercept, desde 1974, los siete directores de la oficina de plaguicidas de la EPA que continuaron trabajando después de dejar la agencia ganaron dinero con las compañías de plaguicidas que solían regular. Estos directores han aceptado puestos universitarios financiados por Monsanto, Bayer y Syngenta.

Algunos de ellos han trabajado como abogados de la industria o se han desempeñado como miembros de juntas directivas de empresas agroquímicas. Otros funcionarios de la EPA han dejado la agencia para trabajar directamente para la industria agroquímica:

• Stephen Johnson: administrador de la EPA y administrador asistente de la Oficina de Prevención, Plaguicidas y Sustancias Tóxicas → Se unió a la junta directiva de Scotts Miracle-Gro, que comercializa el plaguicida glifosato en los EE. UU.

• Linda Fisher: Administradora adjunta de la EPA → Se trasladó a trabajar para Monsanto y DuPont.

• John Todhunter: Administrador asistente de la EPA a cargo de plaguicidas → Se convirtió en consultor de plaguicidas.

• Bill Jordan: Subdirector de la oficina de plaguicidas → Ahora es consultor de empresas de plaguicidas.

• Steven Jellineck: exadministrador asistente de sustancias tóxicas → Fundó una firma de consultoría que eventualmente emplearía a muchos otros ex empleados de la oficina de plaguicidas y representó a Monsanto, Dow, FMC y la Asociación de Fabricantes Químicos, entre otras compañías agroquímicas.

Este flujo de expertos de la EPA a las empresas de plaguicidas no solo permite que los químicos peligrosos eludan el escrutinio regulatorio, sino que también da forma a la cultura dentro de la agencia y explica por qué los problemas de regulación han persistido a través de los cambios en las administraciones presidenciales.

Lori Ann Burd, del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que solo ha notado cambios menores en el enfoque de la agencia sobre los plaguicidas bajo la presidencia de Joe Biden. “Están adoptando un tono ligeramente diferente. Pero en nuestro litigio, son los mismos puños de acero, luchan hasta la muerte por todo”.

Mejores leyes protectoras

La enorme influencia de las corporaciones químicas ha obstaculizado una regulación significativa de los plaguicidas en los EE. UU., dejando a las comunidades expuestas a productos químicos dañinos que no se toleran en muchos otros países.

Si bien la red Pesticide Action Network (PAN) continúa arrojando luz sobre la captura corporativa de las agencias reguladoras, otra forma de garantizar que se obtenga la protección que se necesita es actualizar la ley principal que se aplica a la supervisión de plaguicidas.

La ley actual, la Ley Federal de Insectividas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) se aprobó originalmente en 1947 y contiene disposiciones que priorizan los intereses de la industria de plaguicidas.

De acuerdo con la ley, la EPA solo puede negarse a volver a registrar un plaguicida si los riesgos que representa para la salud humana, la vida silvestre y el medio ambiente son mayores que los beneficios económicos que brinda.

Un reemplazo propuesto, la Ley para la Protección de los Niños de los Estados Unidos contra los Plaguicidas Tóxicos (PACTPA, por sus siglas en inglés) aborda muchas de las deficiencias de la FIFRA. Y es la ley que la red PAN está solicitando que se apruebe en el senado estadounidense.

El proyecto de ley brinda protecciones significativas para las comunidades que soportan la mayor parte de la exposición a los plaguicidas, prohíbe el uso de plaguicidas prohibidos almacenados y exige la inclusión de ingredientes inertes en todos los productos plaguicidas, que a menudo son tan peligrosos como los ingredientes activos.

Fuente: https://www.panna.org/news/epas-revolving-door/

Traducción al español del original en inglés: Fernando Bejarano

Desde hace más de dos años el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha levantado alertas relacionadas a las amenazas que arrastran las políticas que incentivan de forma desmesurada el negocio del Hidrógeno Verde.

Chile es uno de los seis países en el mundo - el único en Latinoamérica - que lidera la producción de hidrógeno verde a nivel global.

El colectivo, ha señalado que desde que se instaló la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en 2020 bajo el Gobierno de Sebastián Piñera y que, pese a las solicitudes hacia la actual administración, el Gobierno de Boric no ha auditado ni desarrollado una Evaluación Ambiental Estratégica, como tampoco se ha desarrollado un proceso de consulta indígena, elementos que se han solicitado anteriormente.

El director del OLCA, Lucio Cuenca Berger, señaló que en ninguna parte de la estrategia de hidrógeno verde se habla de los impactos que estos planes de negocio energético tienen sobre la población y el medio ambiente.

“La gran cantidad de conflictos que está generando esa estrategia empresarial, en las que están involucradas grandes transnacionales como las alemanas Siemens y Volkswagen-Porsche, no toman en cuenta que donde se quieren instalar parques fotovoltaicos y eólicos, actualmente son zonas agrícolas”.

Chile es uno de los países líderes del mundo en el establecimiento de proyectos piloto para la producción de "hidrógeno verde". Es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una estrategia nacional de "hidrógeno verde", que en realidad se trata de la continuación del modelo que incentiva la depredación de los territorios sin considerar una transición con justicia en pos de los ecosistemas y las comunidades, sigue siendo la hoja de ruta del actual Gobierno.

En este contexto, diversas organizaciones han rechazado públicamente el modelo impulsado, planteando que “viene a perpetuar la distribución desproporcionada entre cargas y beneficios socioambientales, traspasando las externalidades negativas directamente a los territorios donde se concentrarían los proyectos de generación y exportación. En otras palabras, el desarrollo del hidrógeno, tal como está propuesto, profundiza escenarios de injusticia ambiental, y consecuencialmente de conflictos socioambientales y judicialización”.

Así, aumenta el rechazo a esta política que entrega los bienes estratégicos del país al usufructo de grandes corporaciones transnacionales.

En una serie de informes, comunicados y declaraciones, el OLCA ha estado documentando el montaje de este plan impuesto a espaldas de las comunidades afectadas por la masiva instalación de proyectos de supuesta energía renovable, que en la práctica generan nuevos territorios de sacrificio, o bien, profundiza su sacrificio ya existente. El primer proyecto germano-chileno, Haru Oni en la Patagonia, podría empezar a producir combustible sintético este año.

Más info en:

https://olca.cl/articulo/nota.php?id=108663

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus informa que las tres primeras semanas de julio han sido las más cálidas en 120 mil años, desde que comenzaron los registros.

En el océano los datos no son mejores. Desde mayo, la temperatura media mundial de la superficie del mar ha estado muy por encima de los valores observados anteriormente para la época del año.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) destaca que durante la primera y la tercera semana de julio, la temperatura media mundial (sumando la temperatura del aire y del océano) superó temporalmente el umbral de 1,5 °C por encima nivel preindustrial.

Esto no significa se haya superado permanentemente este nivel –que es el objetivo del Acuerdo de París–, ya que esto requiere que este nivel de calentamiento global se mantenga a largo plazo. Es más, no es la primera vez que un mes se sitúa un grado y medio o más por encima de la media preindustrial: ya ocurrió en 2016 y 2020, aunque es la primera vez que ocurre en el verano del hemisferio norte cuando el planeta es más cálido.

Estas temperaturas extremas han estado relacionadas con olas de calor en gran parte de América del Norte, Asia y Europa, con un gran impacto para la salud de las personas, la biodiversidad, los ecosistemas y las economías de los países afectados. Especialmente preocupante son los incendios forestales. El fuego arde en las últimas semanas de manera descontrolada en varios puntos de la zona mediterránea, como Grecia, Italia o Algeria. Canadá vive desde hace meses una catastrófica ola de incendios sin precedentes.

Tanto los hitos de temperaturas como los eventos extremos tienen el sello del cambio climático, que sumado al fenómeno natural El Niño, está provocando que 2023 esté camino de convertirse en el más caluroso hasta la fecha.

A principios de esta misma semana, un grupo de investigadores, liderados por Friederike Otto, profesora titular de climatología del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution (WTT) revelaron que las anomalías en las olas de calor que se están registrando durante este mes en Europa, Norteamérica y en China serían estadísticamente imposibles sin tomar en cuenta el impacto del cambio climático inducido por el ser humano. La cifra de la que responsabilizan las emisiones antropogénicas —hasta finales de 2022— la sitúan en 1,2 °C.

Años de récords

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) predice que hay un 98% de que al menos uno de los próximos cinco años sea el más cálido jamás registrado. Y además, pronostica un 66% de probabilidades de que se superen temporalmente los 1.5° C por encima de la media de 1850-1900 durante al menos uno de los cinco años. A este ritmo pronto, muy pronto, llegaremos al punto de no retorno.

Prácticamente todos los días se celebra, conmemora o festeja algo y, a partir de hoy el calendario ya tiene un nuevo Día Internacional de…

Se trata del Día Internacional de Cero Residuos (Zero waste) que Naciones Unidas aprobó el año pasado tras confirmar que los seres humanos generamos anualmente 2,240 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales se gestiona únicamente el 55% en instalaciones controladas. Es decir, cada año, se pierden o desperdician hasta 14 millones de toneladas de desechos plásticos o alrededor de 931 millones de toneladas de alimentos.

En un planeta de recursos FINITOS, esta fecha nos recordará que debemos promover modalidades de consumo y producción sostenibles, fomentar la transición hacia una economía circular y practicar un modo de vida de cero desechos. Para lograr esto, las recomendaciones son sencillas:

1. Los recursos se deben reutilizar o recuperar tanto como sea posible y se debe reducir al mínimo posible la contaminación del aire, de la tierra y del agua.

2. Los productos que utilizamos diariamente deben tener cambios como diseños duraderos y materiales en menor cantidad y de bajo impacto ambiental.

3. Aplicar métodos de producción y transporte con menor intensidad del uso de recursos.

4. Cambiar de hábitos, reutilizar y reparar los productos tanto como sea posible antes de desecharlos.

5. Recordar que los cero residuos aplican para todas las formas de residuos o desechos, entre ellos el desperdicio de alimentos, la extracción de recursos naturales y los desechos de equipo eléctricos y electrónicos.

Si el desperdicio de alimentos fuese un país, este ocuparía el tercer lugar entre las principales fuentes de gases de efecto invernadero.

Otra recomendación, tal vez un poco más complicada pero que aporta al tema, es revisarla cadena de valor de los productos que compramos. No porque las empresas nos digan que son productos 'ecológicos', 'sustentables', 'ecoamigables' o 'respetuosos con el medioambiente', significa que en verdad lo sean o talvez sí lo sea una mínima parte de ellos. Por ejemplo, la ropa hecha con botellas PET muchas veces sólo poseen entre el 5 % y 20 % de materiales reciclados, pero ¿y el resto de materiales? ¿y la cadena de transporte?, ¿y las condiciones laborales?, ¿y el gasto energético de la empresa?

Cada año los seres humanos generamos alrededor de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos, que pesan más que todos los aviones hechos en la historia.

Objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trata justamente de garantizar que los patrones de producción y consumo sean responsables y sustentables.

Ya lo dijo una de las instituciones económicas más importantes del mundo: el Foro Económico Mundial (FMI) "El mundo debe acelerar una de las transformaciones más ambiciosas en materia laboral, económica y ambiental: reducir la semana laboral a cuatro días sin reducción salarial. Un total de 32 laborales, en lugar de 48”.

En su reunión anual, celebrada cada enero en Davos, el organismo debatió sobre la importancia de transformar el mundo laboral y con ello, beneficiar otros sectores de la economía. Sin embargo, aun no habla de reformas solidas, está en etapa de análisis y debate, sobretodo, en la espera de que el mercado de trabajo se fotalezca despues de la pandemia.

Los líderes mundiales escucharon con atención los resultados del más grande experimento hasta la fecha: En Inglaterra, durante seis meses, más de 60 empresas adoptaron el sistema de jornada laboral de 32 horas semanales. Los resultados fueron positivos tanto para las empresas, como para los trabajadores y el medioambiente.

Tyler Garage, una consultora medioambiental participante, en colaboración con la Universidad de Cambridge y el Boston College, analizó su huella ecológica y encontró que con tres días libres:

1. La productividad aumentó un 22 %

2. -S registró una reducción del 21% de la distancia recorrida con el coche, lo cual impacta directamente en menos emisiones contaminantes en la atmósfera.

3. Aumentó un 14% la felicidad de los empleados

4. Se redujo en un 28 % el cansancio de los mismos, impactando en la creatividad laboral.

Ir menos a la oficina es saludable

Juliet Schor, economista y socióloga del Boston College que fue la investigadora jefe, afirmó que “reducir el tiempo de trabajo semanal es clave para disminuir las emisiones de CO2. Datos demuestran que se consume 10 % menos de combustibles fósiles durante los fines de semana, en comparación con los días de trabajo semanal. De tal forma, trabajar menos significa un día libre más para cuidar al planeta”.

De hecho, un estudio publicado por 4 Day Week y la asociación medioambiental Platform en 2021 señaló que la adopción de la semana laboral de cuatro días en Reino Unido, sin recorte salarial, reduciría la huella de carbono nacional en un 21,3%.

Por otra parte, un menor consumo de energía implica un mayor ahorro. En el 2019 Microsoft hizo sus propias pruebas y determinó que en sus oficinas ubicadas en Japón el gasto en electricidad se redujo casi un 25 %.

El sueño no parece lejano. Reducir la jornada laboral sin que esto afecte la productividad o el salario es posible, los estudios lo demuestran. Solo es cuestión de tiempo para que los empleadores entiendan que trabajar en mejores condiciones, beneficia a todos y si pensamos en el beneficio para un planeta muy dañado, el cambio tendría que suceder ¡ya!

¿Te deprimes con días lluviosos o muy fríos?, ¿Te duele la cabeza cuando está nublado? ¿Y las articulaciones si el ambiente está muy húmedo? ¿Estás más nervioso en los días que sopla mucho viento? En mayor o menor medida, casi todas las personas advierten alguna molestia o dolor cuando se producen cambios de tiempo, pero hay algunas especialmente sensibles que resienten mucho más las condiciones climatológicas, tanto en el plano físico como en el psicológico.

Este tipo de personas son meteorosensibles, es decir, desarrollan problemas de salud física o mental que se consideran padecimientos nuevos o derivados del cambio climático y que pueden o no agudizarse dependiendo del ritmo de adaptación tengan (resiliencia).

La organización social internacional Avaaz, financió en el 2021 la mayor encuesta realizada a infantes y jóvenes sobre la ansiedad climática y los resultados no son nada halagüeños: la ansiedad relacionada con la crisis climática es muy alta.

La meteorosensibilidad, como explica Noelia Romero, psicóloga del centro Atalanta Psicología, es el término que emplean los psicólogos para referirse a “la afección en la cual las condiciones climatológicas y estacionales afectan psicológica y físicamente a la persona”.

Este padecimiento podría afectar a entre un 30 y 60 % de la población, siendo más afectadas las mujeres debido a sus cambios hormonales.

Los especialistas en salud mental han analizado cómo influyen en el estado de ánimo las conexiones del tiempo y el exceso de iones negativos, los cuales provocan depresión o, en algunos casos, actitudes violentas. Por ejemplo, mediante cruce de datos, demostraron cómo las olas de calor tienen un efecto negativo en la violencia de género: los feminicidios suben en un 40% tres días después de su inicio.

Otros padecimientos mentales ‘nuevos’ son la ecoansiedad (angustia que crea el no saber qué ocurrirá con el planeta ) y la solastalgia (impotencia o falta de control sobre el proceso de cambio climático).

El cambio climático agravará todo

La OMS afirma que el cambio climático es “la mayor amenaza para la salud de la humanidad” y calcula que entre 2030 y 2050 morirán unas 250 mil personas al año de forma adicional por culpa de sus efectos directos e indirectos, desde el estrés calórico al paludismo. Por ejemplo, a medida que suben las temperaturas, también lo hacen las zonas con buenas condiciones de vida para los mosquitos, un insecto que puede transmitir muchas enfermedades. Otro riesgo potencial, es el que puede traer consigo la fusión del permafrost, en el que permanecen ocultas enfermedades y amenazas potenciales.

En el informe se relata cómo en 2016, en una intensa ola de calor en el noroeste de Siberia, se desenterró un reno infectado por ántrax y muerto más de setenta años atrás que acabó con la vida de un niño de doce años y decenas de hospitalizados.

Datos del informe Impactos del cambio climático y la salud, elaborado por el Observatorio de Salud y Cambio Climático, en España, señalan que los picos de calor impactan en la mortalidad y cuanto más envejecida está una población, menos temperatura requiere para notar esos efectos.

Nada nuevo bajo el sol

La meteorosensibilidad no es un fenómeno nuevo, desde la antigua Grecia (Hipócrates) existía la llamada meteoropatía, picos de incidencia de determinadas enfermedades ante situaciones meteorológicas concretas.

Tiempo y clima no son lo mismo. El tiempo es el que tenemos cada día, del que nos informan las previsiones de los meteorólogos; el clima es el que se mantiene durante largo tiempo, aunque cercanos, ambos conceptos son diferentes.

A mayores temperaturas y más días de sol habrá menos de lluvia, entonces aumentará el estrés hídrico, se sucederán olas de calor intensas e, indiscutiblemente, se afectará la salud de las personas.

¿Qué afecciones son las más frecuentes?

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), se señalan ciertos trastornos del estado de ánimo que se ven afectados por un patrón estacional, entre ellos:

• Estados depresivos, en otoño e invierno y estados maníacos en primavera

• Alteraciones en el sueño y fatiga (incluso anemia o hipoglucemia)

• Dolencias cardíacas que empeoran con alteraciones de temperatura

• Migrañas frecuentes por el cambio brusco de presión

• Asma y alergias

El cambio climático o estacional “provoca un agravamiento o desencadenamiento de los síntomas que ya muestra la persona”, apunta.

¿Qué hacer?

Primeramente no olvides acudir al psicólogo si tienes sospecha de que tu estado emocional se ve afectado por los cambios en el tiempo o si muestras algunos dolores físicos repentinos o que empeoran con cambios de temperatura y presión.

Y finalmente, volviendo a los griegos: no olvides que mente sana en cuerpo sano, siempre pondera llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio de manera regular.

En Países Bajos, el 27% de todos los desplazamientos se realizan en bicicleta, más de la mitad de todos los viajes en coche no llegan a una distancia media de 7,5 kilómetros.

Pues esas estrategias, pensadas para reducir las emisiones contaminantes, han aplicado países como Holanda, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia o España, que parten de la antigua lógica de subvencionar el transporte público o incluso dar ayudas estatales al combustible. En esta nueva versión, ahora se apoya a la reducción de combustibles y no a su uso.

Los Países Bajos ya tienen un rato con este programa de fomento a la bici, a la salud y al medioambiente. De hecho, este año subieron la subvención estatal por kilómetro en bicicleta, pasando de 19 a 21 centavos y, aunque suene poco, a la vuelta de un año se puede traducir en hasta mil euros de apoyo a la población, libres de impuestos. La propuesta es que para el 2024 el incentivo suba a 23 centavos.

Desde el siglo pasado Bélgica implementó el programa de pago por moverse en bici, fue el primer país en hacerlo.

En América Latina este modelo aún no existe. A lo mucho, hay sistemas públicos de préstamo de bicicletas que funcionan mediante pagos, México, Argentina, Chile y Colombia tienen estos sistemas, así como una creciente red de ciclovías confinadas. Sin embargo, tiempo al tiempo; el incremento de gente que se anima a usar la bicicleta u otros vehículos no contaminantes para transportarse, es contundente, solo es cuestión de presionar como sociedad y para que los gobiernos aceleren este cambio.

¿Cómo funciona?

Hacer este cambio es fácil. En Europa el mecanismo es ingresar a una app, introducir el kilometraje acumulado en un mes y a la vuelta de los días el ciclista recibe la paga vía nómina. Luego, las compañías deducen esas cantidades de sus impuestos y contribuciones sociales. De tal forma, es un ‘todos ganan’. ¿Cómo ves, te animas a pedalear a tu trabajo?

-Protección incluye aguas internacionales.

«El barco ha llegado a la orilla», con estas palabras y visiblemente emocionada, anunciaba Rena Lee, presidenta de las negociaciones, que la ONU ha alcanzado al fin el consenso para aprobar el Tratado Global de los Océanos.

Este acuerdo permitirá crear zonas de protección marina en aguas internacionales y es clave para poder cumplir el objetivo de restaurar y conservar el 30% de las «zonas terrestres, aguas continentales y costeras y marinas», fijado en la cumbre sobre biodiversidad celebrada en Montreal (COP15). El pacto llegó tras casi dos décadas de discusiones.

El también conocido como Tratado BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) protege y regula el uso de las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, que representan más del 60% de los océanos, lo que equivale a casi la mitad del planeta. Los recursos genéticos marinos y cómo repartir esos beneficios han sido los principales puntos de discrepancia.

El Secretario General de la ONU, Antonio Gutérres, destacó que “gracias a este acuerdo se podrán contrarrestar los daños causados a los océanos ahora y para las generaciones del futuro. Es crucial para abordar la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”, señaló.

Organizaciones de defensa ambiental y marina de todo el mundo, agrupadas en la Alianza de Alta Mar, han calificado de «histórico» este tratado. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señaló que es un enorme paso para proteger legalmente con «santuarios oceánicos» la vida marina y adaptar «la gobernanza» de la altamar al siglo XXI.

“Proteger la naturaleza y las personas puede triunfar sobre la geopolítica”, afirmó Pilar Marcos, responsable de Océanos en la delegación de Greenpeace en Naciones Unidas. Marcos también ha remarcado que el tratado permitirá «aumentar nuestra resiliencia al cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas».

El transporte marítimo representa el 90% por volumen del comercio mundial, tráfico marítimo que afecta la vida oceánica.

Punto de partida

“El tratado nos posibilitará realizar evaluaciones de impacto ambiental en las regiones más allá de la jurisdicción internacional, que representan dos terceras partes de todo el océano. Nos permitirá también organizar la explotación de los recursos genéticos marinos de tal manera que los beneficios lleguen a todos los países, que son colectivamente sus propietarios morales”, indicó Carlos García-Soto, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y presidente del Centro Europeo para la Información en Ciencia y Tecnología Marina (EurOcean).

El nuevo texto, aún no publicado oficialmente, “da un paso en la dirección correcta de cara a la conservación y uso sostenible de la naturaleza en nada más ni menos que el 46 % de la superficie terrestre”, señaló Guillermo Ortuño Crespo, codirector del Grupo de Especialistas en Alta Mar de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

La ratificación de este acuerdo deberá estar firmado por casi 200 países para poder hacer frente a las numerosas flotas industriales de varios países, que han disfrutado durante décadas, nulos límites al impacto ambiental en aguas internacionales.

Una investigación de la Plataforma Mundial de Aceleración de la I+D en Arrecifes Coralinos reveló que 10 naciones se apropiaban del 97% de los recursos genéticos del océano y tan sólo una empresa (BASF) era propietaria del 70% de las patentes genéticas.

Sin los océanos, vivir sería imposible

Se estima que desde 1970, los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor en el sistema climático. En consecuencia, han aumentado el número e intensidad de las olas de calor marinas, letales para las especies que habitan en los océanos.

Además, los océanos ejercen como salvavidas frente al cambio climático, ya que suavizan el impacto del calentamiento global, pero si la degradación del hábitat, la explotación insostenible de los recursos, la contaminación, las especies invasoras y la emergencia climática continúan a este ritmo, la vida sobre la tierra, tal como la conocemos, podría cambiar en el corto plazo.

Por ello, la protección de los océanos debe abordarse desde varios ángulos. Al no tener fronteras, la protección de los océanos depende de la creación de grandes áreas marinas que contrarresten las presiones antropogénicas.

-América Latina ha presentado los incendios forestales más desastrosos en las últimas décadas.

-En México, en lo que va del año, llevamos más de 1,000 incendios

Estamos a punto de entrar a la primavera, y con ella, a enfrentar uno de los problemas más graves del país: la temporada de incendios forestales, sobre la cual, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya declaró que el riesgo será muy alto.

Entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres en el mundo y 53 % de las pérdidas económicas ocasionadas por eventos de origen climático, ocurrieron en América Latina y el Caribe.

De acuerdo a sus reportes, al 09 de marzo, se habían registrado 1,121 incendios forestales en 29 entidades federativas, en una superficie de alrededor del 87 % del territorio nacional, y la situación solo empeorará, ya que se augura, este 2023 como uno de los años más calurosos en la historia.

En siete días (del 25 de febrero al 6 de marzo) el SMN registró temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León, Campeche y Chiapas. Asimismo se ha pronosticado temperaturas de más de 30 grados en gran parte del territorio mexicano.

En este contexto de inminente calentamiento global, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado para que los gobiernos, con especial énfasis en América Latina, a que tomen medidas de prevención que prioricen un enfoque "sistémico, integral y holístico", que incorpore los principios de las 5R (por sus siglas en inglés) como Revisión, Reducción de Riesgos, preparación, Respuesta y Recuperación.

El Oficial Forestal de la FAO para América Latina y el Caribe, Pieter van Lierop, destacó que la simple tecnología de extinción no es suficiente para abordar el problema de manera sostenible y a largo plazo y subrayó que “la FAO recomienda invertir financieramente en entender las causas subyacentes, y en la prevención".

De acuerdo con datos del reciente informe “Ruido, llamas y desequilibrios. Nuevos temas de interés ambiental”, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), América Latina ha presentado los incendios forestales más desastrosos en las últimas décadas. En 2019 ardieron más de 6 millones de hectáreas en Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú.

Y entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres en el mundo y 53 % de las pérdidas económicas ocasionadas por eventos de origen climático, ocurrieron en América Latina y el Caribe, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

El desmonte, la deforestación, la expansión agrícola, la extracción de recursos y el desarrollo urbano y rural, son los casos más importantes en el cambio de uso del suelo que afecta directamente a los bosques y selvas. Por ello, el llamado de la FAO se enfoca en fortalecer los sistemas de alerta temprana (SATs), y en basar las decisiones en datos concretos de afectación, como los que genera la plataforma de Datos de Emergencias de la FAO (DIEM, por sus siglas en inglés).

Los retos de México

En México los retos apuntan a hacer más con menos. Aunque este año el presupuesto asignado al sector ambiental se incrementó un 185 %, respecto al 2022, solo el 1.2 % serán para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependencia que contará con poco más de 930 millones de pesos para garantizar la conservación de cerca del 33 % del territorio nacional que tiene alguna categoría de protección. Algo así como “menos de diez pesos por hectárea para cuidar y proteger las áreas naturales protegidas”, destaca el documento “Cuidar lo que importa” de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), integrada por siete organizaciones no gubernamentales.

Otro esfuerzo indirecto para reducir este riesgo es combatir la deforestación a través de la sanción y el castigo. Ejemplo de ello, es la reforma que aumenta las penas por tala ilegal, aprobadas en el 2021.

La deforestación va a la baja, ya que en el sexenio pasado el promedio fue de 250 mil hectáreas al año y en el actual es de 189 mil 528. De acuerdo a investigaciones de académicos, en el país alrededor del 70 % de la madera que se consume tiene origen ilegal.

Ahora, de acuerdo con el Código Penal Federal, serán castigadas con entre 2 y 15 años de prisión y de 500 a 10 mil días de multa a quien desmonte o destruya vegetación, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos de los árboles o cambie el uso de suelo forestal en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunales y/o ejidales de cualquier área natural protegida. Asimismo, la pena se agravará hasta con tres años más, si las conductas se realizan con uso de violencia física y/o armas de fuego.

Por su parte, el Consejo Nacional de Protección contra Incendio (CONAPCI), reportó que, en promedio, cada año nuestro país registra alrededor de 95 mil incendios forestales. El 90 % de ellos, se deben a descuidos humanos, que se intensifican por las condiciones de sequía, cada vez más severas.

En la década 2001-2021 el país tuvo una pérdida de vegetación de más de 4 millones de hectáreas, casi el equivalente a la superficie del estado de Yucatán y, aunque los esfuerzos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para restaurar este año 55 mil hectáreas de superficie dañada, en realidad esto no representa ni la tercera parte de lo que en promedio se pierde al año.

En el caso del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales en México (SATIF), la nueva versión del sitio web, estrenada el año pasado, presenta información más robusta para el antes, durante y después de un incendio. Esta es su quinta actualización desde 1999. (http://incendios-beta.conabio.gob.mx/)

En este contexto, es crucial que los gobiernos adopten medidas urgentes de prevención de incendios, todo sea por la salud planetaria.

En vísperas del próximo 26 de enero, Día Internacional de la Educación Ambiental, los más de 350 delegados juveniles de 150 países reunidos bajo la campaña "Mock COP", se dieron a la tarea de hacer un interesante estudio sobre la enseñanza del cambio climático en las 20 mejores universidades del mundo. Los resultados no son nada buenos.

Clasificadas de peor a mejor

En el estudio, denominado "1,5 grados" en referencia a la temperatura que se recomienda no sobrepasar en el Acuerdo de París para evitar una catástrofe climática, figuran cinco universidades europeas, de las cuales cuatro son británicas. Las tres peores evaluaciones van al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, de Estados Unidos) y las universidades chinas de Tsinghua y de Pekín, dado que sus cursos no se alinean con las acciones necesarias para atajar la emergencia climática.

La Universidad de Cambridge, el University College London, la Universidad de Oxford y el Imperial College London se sitúan en el sexto, octavo, noveno y decimoséptimo puesto, respectivamente, mientras que el ETH de Zúrich (Suiza) ocupa el decimosegundo. En general, todas, flaquean a la hora de preparar a sus estudiantes para afrontar la crisis climática y ecológica, explicaron los autores.

Entre las 20 mejores universidades del mundo, según la clasificación de la publicación británica Times Higher Education (THE), tampoco salen bien libradas once instituciones estadounidenses, incluidas Harvard, Yale o Princeton.

El estudio destaca que, las universidades del llamado Norte Global, incluida la Universidad de Toronto, Canadá, preparan mal a sus estudiantes ante la crisis climática.

"Si los líderes mundiales, sobre todo aquellos en el Norte Global, hubiesen sido educados para entender por qué los incendios forestales están causando estragos y los glaciares se derriten, estarían mejor preparados para prevenir estos desastres", aportó Cherop Soy, coordinador de la campaña.

Entre los resultados destaca también que existe una desconexión entre lo que los estudiantes quieren aprender sobre sostenibilidad y lo que las instituciones están brindando. El 60% de los estudiantes universitarios de primer año dicen que quieren aprender más sobre desarrollo sostenible, en comparación con el 66% de los que están en tercer año de estudio.

Otro dato que confirma la realidad de la alianza entre empresas contaminantes y universidades es el caso de Josh Tregale, coordinador general del estudio y estudiante de ingeniería mecánica en el Imperial College.

Para más información visita https://www.mockcop.org/1-5-degrees/

- Es el primer país en incluir la biodiversidad en la economía al crear el Comité de Capital Natural

El 18 de enero será recordado como el día del cambio. Fue el día cuando el Gobierno de Chile rechazó el controvertido megaproyecto Dominga para la extracción de concentrado de hierro y cobre, que se ha valorado en 2.500 millones de dólares y amenaza la supervivencia de una reserva natural única en el mundo.

El polémico proyecto de la compañía Andes Iron, que incluye una mina y un puerto, se ubica a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región norteña de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humbolt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 % de esta especie de pingüinos.

"De forma unánime, este Comité de Ministros decidió acoger las 12 reclamaciones y, por lo tanto, queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga. El proyecto supone riesgos para la vida marina y la calidad del agua y el aire, entre otras razones ", anunció la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente de Chile.

Imagen de: EFE/Alberto Valdes

"Este proyecto es la muerte definitiva para nuestra comuna. Es uno de los proyectos más asesinos del planeta y está emplazado en una de las zonas más ricas de Chile en diversidad de pesca", dijo Gabriel Molina, pescador de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, a 500 kilómetros al norte de Santiago.

Lucía Ossandón, presidenta de la comunidad indígena Changa Juana Vergara y Familia, en La Higuera declaró: “Han sido más de 15 años de vivir bajo amenazas, primero con la casi instalación de tres termoeléctricas a carbón, luego el puerto Cruz Grande y ahora Dominga, ya estamos cansados y necesitamos vivir tranquilos sabiendo que estamos protegidos de industrias de alto impacto”.

El 21 % de la superficie chilena es territorio protegido, y el 43 % de las áreas marinas son Zonas Económicas Exclusivas, con normativas específicas para proteger la biodiversidad de esas costas.

Una década de polémicas

A finales de 2021 una investigación periodística, publicada en el marco de los llamados Papeles de Pandora, reveló presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de acciones de este megaproyecto del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).

La investigación difundió una polémica cláusula de compraventa entre el empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano y Piñera, en la que se condicionaba el último pago de la transacción a que no se declarara un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la mina.

La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto.

La Fiscalía de Chile abrió una investigación días después de la publicación de los Papeles de Pandora, pero a día de hoy aún no han imputado cargos a nadie.

Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), un Comité de Ministros ya revisó el proyecto y lo rechazó.

El proyecto se judicializó y en mayo de 2022, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por organizaciones ambientales que se opusieron al fallo de un tribunal ambiental que había determinado que Dominga había presentado antecedentes suficientes en su proceso de tramitación, por eso la deliberación volvió nuevamente al Comité de Ministros.

Primer país en incluir la biodiversidad en la economía

Un día antes de que el Comité de Ministros rechazara el proyecto minero, el presidente Boric, lanzó el Comité de Capital Natural, organismo que considera la biodiversidad como parte de la estructura económica del país y es el primero de su tipo en Latinoamérica.

Según detallaron desde el Ejecutivo, la creación del Comité de Capital Natural "pone a Chile a la vanguardia en la materia, siendo el primer país de Latinoamérica en enfrentar las urgentes necesidades que han desencadenado las crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación a través de este Comité, poniendo a la naturaleza en el centro de la discusión por un desarrollo limpio y sostenible".

El principal objetivo de esta "plataforma de gobernanza" será asesorar al presidente de la República en la medición, valoración, valorización, protección, restauración y mejoramiento del capital natural en Chile, integrando a la biodiversidad al diseño del desarrollo nacional.

A la ceremonia de firma del decreto asistió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que también tendrá un rol en el comité junto al Ministerio de Economía.

"Los economistas, antes de pensar en teorías, en el mercado o en modelos, valoramos la toma racional de decisiones. Y para eso, hay que tener información", afirmó Marcel.

Ecologistas celebran la decisión

Por su parte, organizaciones ambientalistas y locales celebraron la decisión, pero pidieron más protección para la reserva natural única en el mundo donde se iba a emplazar la mina.

“Esperamos que a este rechazo del Gobierno se sume la declaración de un área protegida para todo el archipiélago de Humboldt y sus alrededores que permita blindar definitivamente este ecosistema de la ambición y corrupción que rodeó la creación este proyecto”, señaló el director de Greenpeace Chile, Matías Asun. Oceana Chile también pide declarar en la zona como un Área Marina Protegida libre de industrias de alto impacto.

- Islas del Pacífico instan a Japón a postergar el vertido

Durante el Foro de las Islas del Pacífico (PIF, por sus siglas en inglés), que reúne a 18 naciones insulares de la región, las naciones insulares del Pacífico instaron a Japón a retrasar la liberación de agua de la planta de energía nuclear destruida de Fukushima, en medio de los temores a posibles contaminaciones y riesgos a la industria pesquera, la salud humana y el medio ambiente que el vertido podría causar.

Expertos creen que "es necesario más datos e información" sobre los planes de Japón de iniciar a verter este año en el Océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua residual tratada de la central nuclear de Fukushima.

"Es necesario más datos e información para determinar la seguridad (del proyecto), particularmente para la salud humana y el medio ambiente", señaló el Foro el 18 de enero en sus redes sociales tras la celebración de un seminario científico virtual para debatir el tema.

El gobierno japonés anunció la semana pasada que el vertido al mar del agua, contaminada y tratada, que se acumula en la planta de Fukushima, cuyas instalaciones atómicas fueron destruidas por un terremoto y tsunami en 2011, tendrá lugar entre la próxima primavera y el verano.

Sin embargo, la medida ha sido vehementemente rechazada por los pescadores locales y ha generado preocupación entre las naciones insulares vecinas, que aún luchan con los estragos provocados por las pruebas nucleares realizadas hace décadas en la región.

El 11 de marzo de 2011, el Japón se vio sacudido por el que se conocería como el gran terremoto del Japón oriental (Tohoku) de magnitud 9, tras el cual un tsunami trajo consigo olas de más de 10 metros de altura. Si sumamos el impacto y las repercusiones de ambos eventos, el terremoto y el tsunami, los daños, muertes y devastación ambiental fueron de las más severas en el Japón nororiental. El accidente nuclear se catalogó de nivel 7, el más alto, de acuerdo con la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos.

El Foro ha reiterado su preocupación de que la liberación del agua podría tener un fuerte impacto en los caladeros de la región, de los que dependen gran parte de las economías insulares y que aún "sufren a diario con los impactos a largo plazo" provocados por las pruebas nucleares realizadas entre mediados de la década de 1940 e inicios de los años 1960.

Los vertidos ya existen

La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) es la gestora de la planta nuclear y siempre ha negado que se las aguas contaminadas se están vertiendo en el océano Pacífico desde el tsumani del 2011, pero, ante los hechos, han tenido que reconocerlo.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón (ARN) reconoce también que la fuga no ha sido contenida, que se desconoce el punto exacto en el que se produjo y pidió a Tepco revisar los otros 350 tanques iguales que el accidentado y construidos a toda prisa en los que se almacenan ingentes cantidades de agua muy contaminada.

El agua que se arrojará al mar se ha filtrado varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas (radionucleidos), pero no el tritio, porque no se puede retirar con las técnicas actuales.

El Foro de las Islas del Pacífico (PIF, por sus siglas en inglés) se fundó en 1971 y está constituído por 14 estados insulares y 2 dependencias del continente, más dos países observadores que están en proceso de descolonización. Los integrantes son: Australia, Fiyi, Islas Cook, Kiribati, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Además tiene como miembros asociados a Tokelau, Samoa Americana, Guam, Islas de Marianas Septentrionales, Wallis y Futuna, así como el Banco de Desarrollo Asiático, la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental, el Banco Mundial y la ONU.

- El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas fundamentales para la vida en la Tierra.

Muchos son los problemas que aquejan al país, pero sin duda uno de los más importantes, por su alcance y dimensión, es el de la escasez del agua. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en solo cinco años, de 2015 a 2020, los 653 acuíferos disponibles en México perdieron una tercera parte de su agua y aproximadamente 50 % está seco.

Los impactos de este problema ya los vivió Monterrey el verano pasado, cuando aún con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados, la población tuvo que subsistir con seis horas de agua potable al día, medida de racionamiento establecida por vez primera en su historia en respuesta a la sequía ‘extrema’ nunca registrada en la entidad.

Con certeza, la situación se repetirá cada año en otras ciudades. Estimaciones alertan que México llegará a su Día Cero en 2028, es decir, la población en todo el país quedará sin agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Por ello, es necesario que las ciudades empiecen a tomar medidas urgentes para cuidar este ‘oro azul’. Una de ellas, tal vez la de más impacto, pero menos ‘sexy’, es el control y tratamiento de las aguas residuales, es decir, la descontaminación del agua desde su origen, para evitar que su contaminación llegue a ríos, mares y océanos.

Para el biólogo Alejandro Alba, “muchos de los problemas que tenemos en el agua son de los contaminantes domiciliarios, lo que sale de la cocina, de la regadera, de los excusados. Este tipo de contaminantes se incorpora a los diferentes cuerpos de agua y si no están bien tratados van a contaminar”.

Desde 2017, la Ciudad de México prueba con un sistema de tratamiento de aguas residuales bastante funcional y replicable llamado Ecoducto, inspirado en los humedales.

La estrategia ha funcionado. A cuatro años de su inauguración, con el periodo de descuido por la pandemia, el sistema sigue funcionando de manera natural. Además, a diferencia de una planta tradicional, los humedales artificiales son más fáciles de operar y el costo de mantenimiento es casi nulo, ello a pesar de que el costo de inversión inicial puede llegar a ser similar.

¿Es la estrategia ideal para el problema de la contaminación del agua en las ciudades del país y de los mares y océanos?

“Podrían ser una buena alternativa para el control de las aguas contaminadas porque se vuelven manejables, sobre todo para zonas de alta marginación, municipios de pequeñas poblaciones. Lo mejor es prevenir, tratar el agua desde su origen, así podríamos tener mejor calidad del agua en los ríos futuros”.

En la Ciudad de México ya existen tres réplicas a nivel gubernamental: la primera, en una de las plantas de tratamiento más importantes de Latinoamérica que es la del Cerro de la Estrella, a cargo del Sistema de Aguas de la ciudad; otra en el Parque Cuitláhuac, en la alcaldía Iztapalapa; y la última, aún en desarrollo, en el Bosque de Chapultepec, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente.

El tratamiento del agua a partir de humedales artificiales es una forma en donde usando estrategias basadas en la naturaleza se crean ecosistemas que retienen y limpian el agua.

Para atender la crisis hídrica y evitar un Día Cero, no hay una solución; su atención debe ser multifactorial. Cuidar la salud del agua desde el origen de su contaminación, es esencial, así también cuidaremos esos otros ecosistemas que son los humedales y, que este mes, los recordamos con especial atención.

¿Cómo funciona?

Los humedales retienen el agua, fomentan la sedimentación, ese es un primer tratamiento porque los microorganismos que viven en esos lodos degradan las sustancias contaminantes y las convierten en bacterias.

El agua pasa a través de las raíces de las plantas acuáticas que viven en estos ecosistemas húmedos y que se alimentan de las bacterias formadas, las cuales reciben el oxígeno que toma la planta y lo convierten en un elemento natural. El agua pasa por un proceso de adsorción y absorción, que al final da como resultado H2O, es decir, agua limpia disponible para el riego y otros usos.

La importancia de los humedales

La vida que existe en los humedales es considerada la más rica en términos de biodiversidad. Al ser zonas de transición entre el agua y la tierra, como los pantanos, manglares, lagos, ríos, ciénagas, estuarios, deltas o arrecifes de coral, las conexiones que se establecen ahí son de las más diversas que existen en el planeta, de ahí que su conservación y cuidado sea fundamental. Desde 1997, el 2 de febrero de cada año se festeja el Día Mundial de los Humedales.

Patricio Eleisegui

La tragedia se agiganta a la sombra del hermetismo de empresas y autoridades. El recuerdo del desastre de 2012, que derivó en la matanza de casi 22,5 millones de aves de corral, sigue muy fresco en el imaginario mexicano. Y tanto las compañías de la industria avícola como las autoridades de gobierno entienden que reconocer el grave escenario epidemiológico en ciernes traería aparejado un escándalo político y económico de alcance indeterminado.

De ahí el silencio casi absoluto. Y los comunicados de dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que hablan de un problema sanitario controlado en lugar de exponer cuán amplio viene siendo el problema.

Los reportes oficiales reconocen que a fines de octubre hubo un brote de Influenza aviar AH5N1 en una granja ubicada en Montemorelos, al sur del estado de Nuevo León. Pero omiten los detalles respecto de qué pasó después de esa detección. En un comunicado del 28 de diciembre, SENASICA reconoce contagios posteriores “en 23 unidades de producción avícola comercial de nueve entidades: siete en Jalisco, nueve en Yucatán, seis en Sonora y una en Nuevo León, en este último estado ya fue levantada la cuarentena interna”.

“Además, se afectaron cinco granjas de traspatio localizadas en Chiapas, Chihuahua, Estado México, Oaxaca y Tamaulipas”, añade la dirección. Estos detalles aparecen perdidos en el texto de la dependencia, que pone el acento en “la vacunación de más de 84 millones de dosis para aves progenitoras, reproductoras y de postura comercial”.

De lo que ocurre en el interior de las comunidades y cómo fue que se esparció el virus, ni una línea. De los miles de gallinas y pollos muertos por el virus y los millones de aves sacrificadas para evitar la proliferación de contagios la voz oficial no ha hecho más que exponer algunas cifras escuetas.

Yucatán es una muestra cabal del silencio que baja de los organismos de gobierno y las corporaciones que controlan el negocio avícola.

“En Yucatán, se eliminaron el 100 por ciento de las aves, que se traduce en el sacrificio de más de 100 mil pollos y hasta el momento no hay más brotes de gripe aviar porque se está trabajando en coordinación con los productores y el Senasica para garantizar un cerco sanitario”, afirma SADER en otro comunicado pero del 13 de diciembre.

En el territorio, en el seno de las comunidades donde se levantan las granjas hoy contaminadas con gripe aviar, en los galpones de las mismas empresas donde se concentra el brote, la realidad da cuenta de cifras muy diferentes. Nadie habla de la enfermedad en pasado: el virus transcurre. Aquí y ahora.

Gripe aviar: la realidad en los territorios

En los pueblos que albergan a las plantas avícolas predominan el miedo y el enojo ante la circulación de aves contaminadas para el consumo en algunos hogares, la muerte de las gallinas de traspatio por la difusión del virus fuera de las granjas, la quema clandestina de pollos muertos y la multiplicación de cementerios improvisados en la selva para el descarte de los cuerpos que no pudieron ser borrados con las llamas.

Las comunidades también pagan de su bolsillo el repunte incesante del precio de los huevos, un ingrediente básico de la dieta de la región que atraviesa una escasez pronunciada por el sacrificio de gallinas ponedoras.

En estados vecinos a Yucatán, como es el caso de Campeche, el valor de la reja –30 huevos– saltó de 77 a 120 pesos según el comercio local sólo durante el mes de diciembre. Los medios periodísticos campechanos señalan que el incremento responde de forma exclusiva a la multiplicación de los sacrificios de ponedoras en las granjas infectadas con AH5N1. Ya en el ámbito yucateco, el cierre de 2022 también se vio marcado por una reducción en la oferta de carne de pavo, otra especie afectada por la difusión la Influenza aviar.

¿Cómo se han dado los contagios y cuán grave es la afectación que está generando la AH5N1? Las voces de pobladores y actores que intervienen en la producción de carne avícola acercan piezas para la construcción de una historia acallada –adrede– por las autoridades del estado de Yucatán y los dueños de las principales granjas avícolas.

“El brote inició en Nidia Mireya, una pequeña granja ubicada a la salida de Umán, en el camino que va hacia Muna. Esa granja se dedica mayormente a la venta de huevos. De allí, el virus brincó hacia las granjas de Oxholón. Esto es, a poco más de 6 kilómetros de Nidia Mireya. Luego la gripe aviar se esparció hacia Samahil, a las granjas de Crío en esa zona, y también llegó a Tamchén”, cuenta un productor de esa zona de Yucatán.

“Todo esto fue ocurriendo desde noviembre a hoy. El virus también pasó de Samahil a Kinchil, con afectación de la granja Santa María y después enfermó a las aves de las granjas de Bachoco que están cerca del mismo pueblo pero ya camino a Celestún. Además, se detectó gripe aviar en Timucuy y Chocholá. La cantidad de animalitos afectados es terrible”, agrega.

A diferencia de SADER, que fija en 100.000 el número de aves sacrificadas desde que inició el brote en Yucatán, allegados a las granjas contaminadas dan cuenta de cifras escalofriantes de gallinas y pollos muertos por la enfermedad o exterminados para evitar los contagios: sólo en las plantas de Samahil el total de ejemplares ascendería a los 3 millones. En Umán, el estimado se ubicaría en torno al millón de aves, mientras que en Tamchén el total merodea las 15.000 muertes.

“Esos 3 millones de ponedoras promediaban un huevo a diario. Esos huevos que las gallinas fueron poniendo mientras sufrieron la enfermedad hasta morir, o en la instancia previa a que se las sacrifique, también son millones que fueron arrojados en el monte o enterrados cerca de las granjas junto con los animales muertos”, dice otra fuente de la actividad avícola.

Ese descarte de ejemplares en las selvas vecinas a las granjas fue constatado por vecinos de Samahil, que dieron con pilas de aves reunidas en terrenos cercanos a las instalaciones que Crío posee en ese pueblo. Ya en Kinchil, la comunidad respiró el humo de quemas de pollos, gallinas y pavos sacrificados en el establecimiento Santa María durante buena parte de diciembre.

“En el pueblo hay un granjero que cría aves exóticas. Pavos reales, entre otras especies. Todas esas aves se les murieron por la gripe aviar. Y en la zona los pajaritos, las palomas, que andaban por las granjas fueron muriendo también. Los únicos que parecen no afectarse son los zopilotes, que son carroñeros. Y las garzas”, comenta un habitante de ese pueblo. Agrega que circula la versión de que el virus pudo haber llegado a Kinchil a través de la ropa de los trabajadores de Crío y Bachoco que viven en esa comunidad.

Dentro de las granjas, y al momento de ahondar en las razones de este brote acelerado, no faltan quienes reconocen negligencia por parte de las empresas. "Interrumpieron por completo la vacunación de gallinas y pollos hace al menos 15 años. Para bajar costos, porque decían que las dosis por animalito eran muy caras. Y que como no se habían dado nuevos casos, la enfermedad no iba a volver", cuenta otro entrevistado.

Consumo de pollos y pavos infectados con el virus

Hay algo más que acrecienta el espanto. Voces consultadas afirman que algunos de los ejemplares infectados con AH5N1 fueron sustraídos de las áreas de descarte montadas por las granjas y luego consumidos por la población.

“Yo comí un pollito enterrado. Ya había comido unos ricos tacos cuando alguien me dijo ‘Ese pollito que te comiste estaba enfermito’. Y yo me quedé así, con la cara de sorpresa. Para mí el pollo estaba bien cocido, la carne se veía normal. Hubo gente que recoge del monte las gallinas, los pollos, los pavos, que siguen tirando las granjas. Hay dobles pechuga de hasta 5 kilos. Hay mucha inconsciencia entre la gente y por eso hay quienes los cocinan”, reconoce un poblador también de la zona de Kinchil.

La posibilidad de una zoonosis a gran escala golpea la puerta de los hogares en Yucatán. De manera directa, como auspicia el consumo de especímenes infectados, pero también de la otra forma: por el contacto de las especies que visitan los espacios selváticos donde se acumulan las aves muertas –este periodista observó la presencia de perros, zopilotes y garzas hurgando en un tiradero cercano a Samahil–, por la contaminación del manto freático que generan las fosas donde se acumulan pollos quemados y huevos infectados, y por la interacción de los trabajadores de las granjas con los animales enfermos o muertos.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la gripe aviar presenta cepas que pueden infectar a las personas, por lo que la enfermedad es considerada una amenaza a la salud pública.

“Cuando la influenza aviar es transmitida al ser humano, los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte”, describe la entidad en su sitio institucional.

Párrafo aparte para el ecocidio que provoca el virus una vez difundido en los hábitats naturales. Ya dentro de las granjas, los millones de aves muertas o sacrificadas para interrumpir la cadena de contagios con AH5N1 obligan a profundizar la búsqueda de paradigmas alternativos a una producción intensiva que, además de mantenerse en pie a partir de la explotación y la crueldad animal, integra en su ADN industrial la probabilidad concreta de alumbrar nuevas y peores pandemias.

-Es la primera vez que el presidente de una empresa preside la COP.

Eduardo Robaina*

Se acaba de anunciar que el sultán petrolero Ahmed Al-Jaber presidirá la COP 28, la conferencia anual de la ONU sobre el clima.

Ahmed Al-Jaber, de 43 años, es Ministro de Industria y Tecnología Avanzada, al mismo tiempo que presidente de la compañía petrolera de Emiratos Árabes Unidos, país anfitrión de la conferencia prevista en noviembre de 2023, también dirige Masdar, la compañía de energías renovables del país.

El nombramiento, que se ha hecho oficial este jueves 12 de enero, se produce «en un momento crucial, ya que el mundo se enfrenta a un impacto climático cada vez mayor y a retos para la seguridad energética, alimentaria e hídrica, así como para revertir la pérdida de biodiversidad», ha anunciado el propio gobierno de EAU en un comunicado.

En ese mismo escrito, dejan claro que buscan una transición energética basada en «un enfoque pragmático, práctico y realista«. Los planes a corto plazo del país árabe pasan por obtener 5,000 millones de barriles de petróleo y gas al año de aquí a 2030. Hecho que contrasta con un estudio científico que señala que las naciones más ricas deben reducir la producción de gas y petróleo en un 74% para 2030 si se quiere limitar el calentamiento en 1,5 ºC, mientras que los países más pobres deben hacer lo propio en 14% para entonces.

Esta será la tercera vez que una COP tiene lugar en Oriente Próximo tras la COP18 de Qatar (2012) y la reciente COP27 de Egipto. Actualmente, Emiratos tiene la sexta mayor huella de carbono per cápita. Acorde a la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), es el séptimo productor mundial de petróleo y otros líquidos, con unos ingresos por exportación que superan los 70.000 millones de dólares. Asimismo, sus reservas probadas de petróleo y gas son enormes: 98.000 millones de barriles de petróleo y 215 billones de pies cúbicos de gas.

Emiratos Árabes Unidos, quien busca a base de proyectos faraónicos convertirse en una gran potencia renovable, es, desde hace unos años, miembro del Foro de Países Exportadores de Gas, el grupo que en noviembre de 2021 escribió a ONU Cambio Climático para denunciar que son víctimas de la “cultura de la cancelación”.

En el mundo ecologista las reacciones fueron inmediatas: “Es completamente grotesco”, lamentó Anne Bringault, de Climate Action Network.

“Si no dimite de su cargo de director general, las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático quedarán en manos de una empresa petrolera nacional y de los grupos de presión de los combustibles fósiles. Es un claroconflicto de intereses”, declaró.

Hay otros precedentes en la historia de la cumbre climática. En la COP8 de Nueva Delhi (India), T. R. Baalu había sido con anterioridad ministro de Petróleo, y para la COP18 de Doha (Qatar), Abdullah bin Hamad Al Attiyah abandonó sus funciones en la industria petrolera antes de asumir la presidencia.

¿Quién es Ahmed Al-Jaber?

Ha sido en dos ocasiones el Enviado Especial para el Cambio Climático del país, primero entre 2010 y 2016, y nuevamente desde 2020 hasta la actualidad.

Se educó en Estados Unidos y Reino Unido, y ha sido el rostro del sector energético del país árabe durante la última década. Al Jaber no pertenece a la familia real, y es conocido por tener una sólida agenda de contactos globales entre líderes mundiales y directores ejecutivos. Esta no será su primera cumbre del clima. Ha participado en más de 10 COP, incluida la última de Sharm El Sheik, donde Emiratos mandó a más de 1.000 delegados, más que ningún otro país.

No obstante, y a pesar de su dilatada experiencia en materia climática, su caso es un claro ejemplo de perfil ‘retardista’, es decir, aquellas personas que, si bien no niegan el cambio climático, sí obstruyen o retrasan toda acción urgente contra el calentamiento global.

A diferencia de los negacionistas puros –quienes directamente niegan la ciencia en torno al cambio climático–, los retardistas pasan más desapercibidos y son más difíciles de detectar. A priori, trabajar para defender los intereses económicos de la industria hace que lo sean. Ahmed Al Jaber ha evidenciado en múltiples mensajes en los últimos años que, si bien puede tener preocupación por la crisis climática, le importa más que los combustibles fósiles sigan teniendo el monopolio energético.

Durante la Exposición y Conferencia Internacional del Petróleo de Abu Dhabi (ADIPEC) de 2021, Al Jaber dejó claro que hay que «avanzar con pragmatismo» y anunció inversiones anuales en combustibles fósiles de 600.000 millones de dólares hasta 2030.

En un evento de la industria petrolera celebrado el pasado octubre en Londres, pidió abogar «por un enfoque integrador que aproveche la experiencia de la gente de la industria del petróleo y el gas».

Entre los últimos planes en materia energética que tiene en marcha el político y magnate emiratí destaca cambiar una central de carbón por una de gas e inversiones millonarias con Estados Unidos para proyectos de captura de carbono (tecnología inmadura a la que se agarran muchos retardistas). También tiene acuerdos para potenciar el hidrógeno verde junto a Alemania y para la construcción en Egipto de un parque eólico terrestre de 11.000 millones de dólares.

El próximo otoño, del 30 de noviembre al 12 de diciembre, casi 200 países volverán a la mesa de negociaciones por el clima. El país y el hombre anfitrión hacen temer una nueva cumbre sin un acuerdo que condene los combustibles fósiles.

*Artículo publicado originalmente en Climática, suplemento de lamarea.com

- Promete dejar de quemar este combustible fósil hasta el 2038

La batalla del pueblo de Renania, en Lützerath, comenzó el pasado 3 de enero cuando la policía llegó a desalojar a sus habitantes, una semana antes de lo programado, para despejar el camino a las excavadoras de carbón del gigante energético RWE.

Una veintena de localidades han sido desalojadas desde la década de 1980 para dejar paso a la expansión de la mina, que desde entonces está en el blanco de las protestas medioambientales.

Con la ampliación de la cantera Garzweiler II, donde está ubicado Renania, podrían extraerse 650 millones de toneladas de lignito, y el impacto sobre el cambio climático sería catastrófico.

De acuerdo con los planes de la empresa y gobierno, la mina dejará de operar en 2030, en consonancia con el objetivo climático del Gobierno de dejar de quemar carbón en 2038.

De extraerse el lignito de Lützerath, la temperatura global podría superar el objetivo climático de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados respecto a la era preindustrial. Cálculos actuales señalan que este límite podría superarse en 2026 y se habla, incluso, de un calentamiento global de 2.8 a 4,1 grados, sin que los países hagan grandes esfuerzos para cambiarlo, como este caso.

Por ello, la batalla por Lützerath se está convirtiendo en una de las más importantes de la política climática de nuestro tiempo.

Menos carbón… pero con una condición

El 20 de octubre del año pasado, el Gobierno alemán anunció que había llegado a un acuerdo sobre el futuro de la generación de electricidad a partir del carbón.

La producción de electricidad con carbón se acabará en 2030, pero con la condición de que se drague el carbón bajo Lützerath. Así, entre otras cosas, dos centrales térmicas de carbón ya cerradas seguirán funcionando hasta 2024.

Este compromiso del carbón promete un ahorro de 280 millones de toneladas de CO₂, mientras que la combustión de carbón de Lützerath emitirá más del doble de esa cantidad de gases nocivos para el clima.

El Ministro Federal de Economía del partido político Bündnis 90/die Grünen (Alianza 90/los Verdes), Robert Habeck, y la Ministra de Estado del mismo partido, Mona Neubauer, elogiaron el compromiso sobre el carbón como "un buen día para la protección del clima", mientras que el camino hacia el límite de 1,5 grados se hacía completamente imposible.

Traición sin precedentes al movimiento por el clima

Los activistas alemanes se han decepcionado como nunca del gobierno de coalición entre los verdes, el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán) y FDP (Partido Democrático Libre), que también han abandonado la protección del clima mediante acuerdos de gas con Qatar y el desarrollo de nuevas terminales de GNL.

Los activistas de Alemania hacen un llamado mundial a manifestarse en apoyo a una de las luchas más importantes del movimiento internacional por el clima.