-Se espera que el ecocidio se convierta en el quinto delito universal en el Estatuto de Roma.
-Este nuevo término jurídico modificará el ejercicio del Derecho Ambiental mundial en los próximos años.
Una de las noticias ambientales que más revuelo ha causado en los últimos días es la referente al ecocidio, ese término que desde hace más de 30 años, activistas y abogados ambientales bajo la campaña internacional Stop Ecocidio, han buscado incansablemente que sea aceptado como el quinto delito universal en el Estatuto de Roma, después del genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y los de agresión.
Luego de largos periodos de debate internacional, la noticia fue que por fin se consensuó la definición del término, quedando de la siguiente forma:
"ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos, al medio ambiente".
La propuesta jurídica prevé que la desaparición o daño deliberado de ecosistemas donde los culpables estén claramente identificables, permita, bajo los principios que rigen a la Corte Penal Internacional (CPI), iniciar un proceso que pueda emitir sentencias que verdaderamente castiguen a los responsables. Se trata de una propuesta que, de aprobarse, modificará el panorama del Derecho Ambiental a nivel global.
A la fecha, el Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, acoge cuatro crímenes que, por su deleznable repercusión, agravian a la humanidad en su conjunto, como son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Dichos crímenes pueden ser procesados por la Corte Penal Internacional, tribunal ratificado por 123 Estados.
Históricamente los directivos de grandes corporaciones no han sido considerados criminales por actos dolosos e irresponsables que atenten de una forma consiente contra la preservación de los ecosistemas; generalmente el mecanismo de sanción ha sido un principio bastante cuestionable basado en el simple pago por compensación ante los daños ambientales, lo cual las mismas empresas llegan a asumir en sus pasivos como ‘pagos por el derecho de contaminar’.
Las grandes corporaciones poseen un poder político y económico que les permite torcer y manipular las leyes ambientales de países económicamente débiles; por ello, es común que ante una acción ecocida los responsables resulten impunes aunque los mismos tribunales del país afectado intenten sancionar a los perpetradores.
Para los miembros de Stop Ecocidio lo que se busca es que la acción de la CPI en casos de ecocidio ejerza mayor presión sobre las corporaciones e incentive una cultura de mayor prevención. La posibilidad jurídica de que los responsables de un extenso daño ambiental puedan ser procesados como presuntos criminales, generaría una etiqueta vergonzosa para toda corporación, lo cual orillaría a basar la economía global en actividades de bajo impacto ambiental.
Un equilibrio entre lo deseado y lo posible
Para los abogados del panel internacional encargado de su redacción, la definición puede no ser satisfactoria para algunos por su poca profundidad y detalle, sin embargo así como quedó puede lograr el apoyo de los Estados. Un equilibrio entre lo deseado y lo posible.
La propuesta será presentada en diciembre próximo durante la Asamblea Anual de la Corte Penal Internacional (CPI) para su estudio y análisis con el fin de que sea incorporado en el Estatuto de Roma. En caso de aprobarse, tardaría en promedio tres o cuatro años en ratificarse por los Estados parte del Estatuto de Roma. Cabe aclarar que esta propuesta no tendrá carácter retroactivo para los contaminadores, sin embargo sí sancionará los delitos ambientales que sucedan en el futuro.
Entre los Estados más interesados en que se apruebe el delito “están los insulares”, ya que están entre los más pequeños y los que mayores consecuencias podrían sufrir a causa de la subida del nivel del mar.
La iniciativa ha sido aceptada por países como Francia, Bélgica, Islas Maldivas o Vanuatu, así como por personajes de relevancia mundial como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, o el papa Francisco.
Antecedentes
La propuesta surgió de un grupo de parlamentarios suecos que al querer proteger sus recursos naturales se toparon con la máxima jurídica de que “Todo lo que no está prohibido, está permitido”.
Para entonces, la década de los noventa cuando se creaba la Corte Penal Internacional (CPI), no había ninguna ley internacional que estableciera como delito el causar un grave daño a los ecosistemas, fue cuando bajo la campaña mundial llamada Stop Ecocidio, plantearon a la creación del panel internacional para elaborar la definición jurídica del término y con ello lograr su reconocimiento en la Corte Penal Internacional (CPI) y que las corporaciones dejen de actuar con total impunidad en cuanto al uso de los recursos naturales.
Ya veremos en diciembre próximo, luego de la gran cumbre ambiental de Glasgow (Cop26), si los líderes mundiales atenderán con seriedad y compromiso las grandes catástrofes ambientales que ya están sucediendo en todo el mundo. Esperemos que así sea.
